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En este sentido, en el 2012 y hasta ahora, la aprobación del 38% de aumento salarial para el sector público sigue demandando de los recursos del Estado unos US$ 800 millones, además del arrastre de un descalce fiscal permanente. Esta situación se complejizaría con las últimas subas aprobadas en el Congreso Nacional en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2018, principalmente, de salarios o conocidos como gastos rígidos.
Entre los principales aumentos figuran 16% para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), 8% para los médicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Además de G. 600.000 para cada funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y 25% de incremento salarial para los funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
De acuerdo a los números preliminares manejados por el Ministerio de Hacienda, los aumentos realizados en la Cámara de Senadores, donde se dio sanción ficta al proyecto de PGN 2018 (por la falta de dictamen de Diputados), ascienden a aproximadamente US$ 87 millones, que sin una reingeniería eleva el déficit fiscal a 1,7% del producto interno bruto (PIB). Del mencionado monto, en principio, los congresistas lograron conseguir fondos genuinos o Fuente 10 (ingresos tributarios), quitando de otros rubros unos US$ 47 millones.
Luego de la reestructuración, quedarían aún alrededor de US$ 40 millones sin fuente de financiamiento y al respecto, la propia ministra de Hacienda, Lea Giménez, mencionó que una de las alternativas para hacer frente a una parte del descalce explicado por subas salariales, es aplicar un riguroso Plan Financiero, además de recortar los recursos que fueron asignados a los programas sociales para el 2018. Aún implementando estas medidas, según el fisco, solo conseguiría unos US$ 20 millones, quedando sin financiamiento los restantes US$ 20 millones.
Independientemente a que, en teoría, se tendrían unos US$ 67 millones, el incremento de US$ 87 millones son gastos permanentes, es decir, todos los años, el fisco deberá conseguir estos fondos, en detrimento de la priorización de otros gastos.
Aumentos atentan contra la Ley de Responsabilidad Fiscal
A fin de intentar, entre otros objetivos, frenar los aumentos salariales, desde el 2015 comenzó a regir una innovadora regla fiscal, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). La misma es una herramienta que debería ser utilizada para delinear la elaboración y aprobación del proyecto de Presupuesto General de la Nación y aunque su cumplimiento en años anteriores se realizaba en medio de fuertes negociaciones, solo en el estudio del PGN de este año se marca una ruptura de lo que establece la normativa.
En ese contexto, las decisiones de incrementos salariales aprobadas en el Congreso Nacional atentan contra varios puntos del Capítulo 1 De las Reglas en el apartado 3 de la LRF, donde se contempla claramente que el déficit fiscal no puede superar el 1,5% del PIB y que el incremento de los gastos corrientes primarios (gastos corrientes menos intereses) puede ser como máximo de 4% más inflación, aproximadamente 8%.
Lo destacable es el apartado acerca de que “no se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo y móvil vigente. El aumento será como máximo en la misma proporción y se incorporará en el Presupuesto del siguiente Ejercicio Fiscal”.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo incorporó en la propuesta del Plan de Gastos un aumento de 12% para el sector docente, que si se considera lo que dice la normativa, el incremento salarial debía ser del 3,9%; porcentaje de reajuste del salario mínimo concedido en julio de este 2017 y no del 12% como se consignó en el proyecto de PGN 2018 a favor de los maestros.
No obstante, el Ejecutivo para salvaguardarse de lo que dispone la Ley de Responsabilidad Fiscal en materia de aumento salarial, incorporó el Artículo 221 por el cual se establece que a partir del presente Ejercicio Fiscal (2018) la implementación gradual del Salario Básico Profesional docente en el marco de lo dispuesto en la Ley Nro. 1725/2011, “Que establece el Estatuto Educador”. Con esto, se deroga una Ley como la de Responsabilidad Fiscal con otra como el Presupuesto General de la Nación.
Impacto de las calificaciones de crédito
Siguiendo con lo anterior, el incumplimiento de normas plenamente vigentes termina afectando la imagen de un país. Y en ese sentido, la percepción hacia una determinada nación se traslada a calificaciones que son otorgadas por agencias como Standard & Poor’s, Moody’s, y Fitch, entre otras. En el caso de Standard & Poor’s, la escala de calificaciones (suponemos en números, 21 peldaños) va desde la calificación “D” que representa “Default” hasta AAA, que es la máxima calificación.
La clasificación de grado de inversión correspondería a los peldaños 12 a 21 con notas que van desde BBB- hasta AAA. Esta calificación otorgada a un país refleja un alto nivel de credibilidad y confianza en su economía. Por tanto, una inversión en bonos emitidos por ese Gobierno, se presenta con un bajo riesgo.
Los peldaños 0 a 11 son tomados como de más riesgo y por tanto, generan mayores retornos a los inversionistas porque terminan cobrándole al país una mayor tasa de interés. En la jerga financiera los bonos de emisores con calificaciones menores al grado de inversión son llamados bonos basura, mientras que los emitidos por gobiernos con calificación AAA son considerados entre los más seguros del mundo.
Cuando mejora la calificación de riesgo o de crédito de un país, este puede acceder a créditos externos a tasas de interés cada vez menores. Esto, considerando que la posibilidad de tomar un préstamo representa un gran recurso de financiamiento para el Gobierno, ya que los mismos, generalmente, no ahorran o ahorran muy poco, existiendo ahorros públicos vinculados con los sistemas de pensiones, pero estos no son de libre disponibilidad para la gestión pública. En consecuencia, el acceso a créditos externos a tasas ventajosas se convierte en un recurso muy importante, específicamente para la inversión en obras públicas.
Es importante enfatizar que la calificación de un país no se limita al impacto que genera en el sector público, sino que también tiene implicancias positivas para el sector privado porque puede acceder a tasas de interés más bajas. Una mejor calificación disminuye el riesgo país el cual está incluido en la tasa de interés que los bancos extranjeros cobran a las empresas y a las entidades financieras nacionales, por lo que cuando disminuye el riesgo país, en general, puede reducirse la tasa de interés de préstamos en la economía.
De acuerdo a Standard & Poor’s, Paraguay cuenta actualmente con una calificación de BB ubicándose en el peldaño 10, a 2 del grado de inversión. La calificación de crédito muestra la evolución de Paraguay en el tiempo, incluyendo cuando el Gobierno entraba en cesación de pagos (default) en 2003. Desde el 2004 en adelante, la calificación ha aumentado de B- a la actual BB, por lo que para llegar a grado de inversión habría que progresar primero a BB+, hasta escalar a BBB-.
Se han seleccionado algunos países de la región para efectos comparativos. El único del grupo con una calificación más baja a la de Paraguay es Argentina, con una nota de B+. Brasil y Paraguay tienen la misma calificación con la diferencia que Paraguay tiene una perspectiva estable, mientras que Brasil una negativa. Los gobiernos mejor calificados son Uruguay, con BBB dentro del grado de inversión y Chile con la mejor calificación de A+ en el peldaño 17/21.
En el caso de Brasil, había ingresado al grado de inversión en 2008 y luego volvió a salir en 2015. Mientras que Uruguay alcanzó el grado de inversión en 2012, después de la crisis económica regional de principios de los 2000, progresando continuamente desde el 2012.
Si se revisan las tasas de interés de crédito bancario promedio de corto y mediano plazo, en cada una de esas economías se observa que estas son generalmente menores en los países con mejor calificación de riesgo, que reflejan las fortalezas o debilidades económicas, comerciales, institucionales, fiscales y monetarias de las economías. Los avances en calificación muestran un fortalecimiento integral de la economía que contribuye a mantener tasas de interés relativamente bajas.
Brasil, por ejemplo, ha tenido tasas relativamente altas en este periodo señalado, pero las mismas aumentaron al momento de debilitarse la economía y empeorar su calificación de riesgo. Sobre el punto, las tasas de interés en Brasil y Argentina son mayores a las de Paraguay, reflejando las debilidades relativas de cada una de las economías. En cambio, Uruguay y Chile, países relativamente altamente calificados, mantienen tasas de interés de préstamos menores a las de Paraguay.
Por consiguiente, a medida que se fortalezcan las instituciones, la economía y el sistema financiero, Paraguay marcharía en conseguir menores tasas de interés que contribuirían a generar beneficios económicos de muy largo alcance.
¿Qué debe hacer Paraguay?
La calificadora Standard & Poor’s señala que una mejora en la nota de Paraguay está sujeta a una serie de sucesos. Primero, indica que se debería observar una evolución en la capacidad de implementación de políticas públicas, destacándose la necesidad del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Segundo, si se diera una reducción a la exposición a riesgos externos, como una caída en el precio de la soja, mediante el desarrollo de nuevas industrias y servicios y tercero, la calificadora habla sobre la estabilidad de la deuda externa del país, que además del sector público, los bancos privados también han aumentado su endeudamiento externo en los últimos cinco años. De todos estos puntos, el primero es el único que está totalmente en el control del gobierno.
En contrapartida, la calificadora precisa las condiciones que tendrían que darse para reducir la calificación de Paraguay, como la existencia de déficits fiscales mayores a los esperados o importantes depreciaciones del guaraní, cuando se registra un aumento del precio del dólar norteamericano.
En el caso del déficit (más gastos que ingresos), esto puede interpretarse como un descalce mayor al establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 1,5% del producto interno bruto (PIB), mientras que una depreciación del guaraní aumentaría el valor de la deuda extranjera en guaraníes. Un debilitamiento institucional que atente contra la capacidad de repago de deuda, también sería un motivo para una reducción de la calificación.
En definitiva, el cumplimiento de las normas que rigen en Paraguay es fundamental para mantener una buena imagen como país y de la misma manera transmitir seriedad, tanto a nivel nacional como internacional.
Si se mira en ese sentido el proceso presupuestario, el mismo ha pasado por etapas de aumentos salariales arbitrarios, sumándose la situación de quiebre de una norma clave para la política fiscal, como la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Estos hechos son contraproducentes para el desarrollo de Paraguay porque reducen la posibilidad de que el país progrese institucionalmente hacia una economía más desarrollada, con créditos menos costosos, que finalmente contribuirían a la generación de mayor inversión y oportunidades de empleo, claves para el bienestar socio- económico del país.
* Aumentos aprobados por el Congreso: 16% para los docentes del MEC, 8% para los médicos del Ministerio de Salud; G. 600.000 para cada funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y 25% de incremento salarial para los funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
* La decisión del Congreso atenta contra varios puntos del Capítulo 1 De las Reglas en el apartado 3 de la LRF: que el déficit fiscal no puede superar el 1,5% del PIB y que el incremento de los gastos corrientes primarios puede ser como máximo de 4% más inflación (8%).
* El cumplimiento de normativas contribuye a la imagen país. A medida que se fortalezcan las instituciones, la economía y el sistema financiero, Paraguay marcharía en conseguir menores tasas de interés que contribuirían a generar beneficios económicos de muy largo alcance.