La prisión preventiva y el principio de excepcionalidad en el Paraguay (Parte 2)

A partir de la reforma procesal penal, además, se incorporan a nuestra legislación los requisitos del peligro de fuga (6) y obstrucción (7), los cuales son considerados como únicos parámetros de carácter cautelar que fundamentan la aplicación legítima de la medida.

Sandra Kirchhofer
Sandra KirchhoferArchivo, ABC Color

De esta forma, la prisión preventiva ya no puede ser ordenada únicamente con base en la existencia de una sospecha de la comisión de un hecho punible y la probable responsabilidad del sospechoso, sin la presencia expresa y fundada de estos dos criterios. En este punto no se puede dejar de mencionar que la incorporación de dichos parámetros fue un paso muy importante para nuestro sistema procesal penal; sin embargo, se han adicionado a las disposiciones de nuestro código, ciertos criterios de carácter preventivo que desvirtúan los fines de esta medida cautelar e imponen la inexcarcelabilidad para determinados hechos punibles, llevando a lesionar el carácter auténticamente excepcional y, sobre todo, cautelar de la institución.

La primera contradicción con el carácter excepcional de la prisión preventiva surge en el año 2004 con la sanción de la Ley Nº 2493/04. Esta ley fue una especie de solución otorgada a la sociedad ante el aumento excesivo de la criminalidad en el país.

La legislación, en términos generales, restringió la aplicación de medidas sustitutivas y alternativas de la prisión preventiva para determinadas conductas delictivas, por lo que el encarcelamiento preventivo dejó de ser una medida cautelar de carácter excepcional, y pasó a convertirse en una especie de regla general para el caso específico de ciertos hechos punibles. Así, se desprende que aún cuando la libertad del imputado no genere la sospecha grave de peligro de fuga y de obstrucción de la investigación, la prisión preventiva es la regla y no la excepción.

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En la misma línea, en el año 2011 se sanciona la Ley Nº 4431, que vuelve a modificar el artículo 245 del Código Procesal Penal y deroga la Ley Nº 2493/04.

Esta normativa mantiene en rasgos generales el texto establecido por la Ley Nº 2493/04 con relación a restringir la aplicación de medidas sustitutivas y alternativas a la prisión preventiva para ciertos casos de hechos punibles, sin embargo, modifica el último párrafo (8) por una terminología más precisa al establecer que “cuando el sindicado esté imputado en otras causas, cuya expectativa de pena sea superior a cinco años de privación de libertad. Esta limitación será exclusivamente aplicable a los tipos penales descriptos en ese párrafo”.

En efecto, resulta claro que tanto el sistema de justicia penal como la prisión preventiva han transitado un largo recorrido de cambios profundos con el correr de los años; sin embargo, se puede confirmar que a pesar de los esfuerzos realizados, aún hoy persisten graves obstáculos que impiden que el encarcelamiento preventivo en nuestro país sea aplicado conforme al principio de excepcionalidad, pues se evidencia nítidamente que a través del encarcelamiento preventivo se pretende neutralizar la peligrosidad criminal del imputado, sometiéndolo a un prolongado encarcelamiento preventivo hasta que concluya el moroso trámite procesal.

En concreto, las modificaciones sufridas por la normativa procesal penal, sin dudas, produjeron cambios profundos que vulneran alevosamente el principio de excepcionalidad en la aplicación de la prisión preventiva, ya que promueve su aplicación automática sin valorar de manera objetiva los requisitos exigidos por la ley y le atribuyen en forma totalmente arbitraria finalidades de prevención general, (9) a una medida esencialmente cautelar.

El nuevo mecanismo para combatir la criminalidad instaurada por esta legislación es, a todas luces, contradictoria y vulnera principios fundamentales como el de presunción de inocencia y excepcionalidad.

6 El peligro de fuga implica la existencia de elementos concretos que lleven a presumir el riesgo muy probable de que el imputado pretenderá sustraerse del proceso penal, la acción de la justicia y su responsabilidad.

7 El peligro de obstrucción implica la posibilidad real y objetiva de que el imputado interfiera, dificulte, entorpezca, ponga trabas, imposibilite o trate de imposibilitar el desarrollo de las diligencias o actos de investigación, de tal modo que su permanencia en libertad constituya un peligro para la investigación.

8 La Ley Nº 2493/04, disponía que: cuando el sindicado esté imputado en otras causas, por la comisión de crímenes que lleven aparejados la vulneración de la vida o la integridad de las personas, como resultado de una conducta dolosa.

9 Llobet Rodríguez, Javier, Proceso penal comentado, Pág. 522.

* Abogada de la Universidad Católica de Asunción. Magister Legum y Doctor Iuris de la Universidad Albert Ludwigs Freiburg i. Br. – Alemania, con el tema de tesis doctoral “La reforma procesal penal y la prisión preventiva en Paraguay, Uruguay, Provincia de Buenos Aires y Alemania”. Diploma de Honor - Alumna Sobresaliente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Ex Becaria de la Fundación alemana Konrad Adenauer.

Sandra Kirchhofer (*)

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