Cuestionan acción contra sesiones públicas

El anuncio de la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la publicidad de todas las actuaciones de la Sala Constitucional causó preocupación a la ciudadanía y al gremio de abogados, pero no sorprendió. Desde el primer día en que empezaron a transmitir sus sesiones, los ministros que integran la Sala Constitucional expresaron su disgusto con la nueva modalidad e incluso llegaron a proponer hacer una selección de los casos a ser expuestos públicamente.

María Gloria Bobadilla
María Gloria Bobadilla

“Autorizar a la Asesoría Jurídica a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la publicidad de todas las actuaciones de la Sala Constitucional”, fue lo que se resolvió en la sesión plenaria del martes último, según se consignó en la página web de la misma Corte.

Es lo que planteó en la ocasión la Dra. Gladys Bareiro, presidenta de la Sala Constitucional, y lo que finalmente se aprobó sin discusión alguna, por los demás ministros presentes, aunque posteriormente se pretendió presentar la cuestión como tan solo una “posibilidad”.

El anuncio impactó pero no sorprendió. Cualquiera que acompañe el desarrollo de las sesiones públicas de la Sala Constitucional sabía que “algo” se veía venir.

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De hecho, cuando la televisación de las sesiones estaba aún en estudio, la ministra Gladys Bareiro manifestó su oposición a la misma, en la sesión del pleno del 5 de febrero pasado. En aquel entonces, reprochó al ministro Manuel Ramírez por sugerir la publicidad no solo de las sesiones del pleno, sino también de todas las salas.

“(...) yo creo que no habría ningún inconveniente aquí de que algunas decisiones importantes de la Sala Penal se hagan en forma pública, de la Sala Penal y de la Constitucional. ¿Cuál sería el problema? Yo creo que va a redundar en beneficio de la ciudadanía y de la comunidad jurídica”, argumentó Ramírez.

Bareiro incluso le dijo a Ramírez que debería referirse únicamente a la sala que integra (la Penal) a lo que este le contestó: “¿Por qué no puedo opinar sobre la Sala Constitucional? Tengo experiencia con esa materia”.

Con la promulgación de la Ley 6299/19, en mayo pasado, la publicidad de las sesiones de la Sala Constitucional se hizo impostergable. Las quejas de sus integrantes no se hicieron esperar y se lo hicieron saber a cada sesión, espacio que aprovechan para criticar la “inaplicabilidad” de la referida ley por la excesiva cantidad de casos. En la primera transmisión en vivo de la sesión de Sala Constitucional, el 5 de junio pasado, sus integrantes dijeron lo siguiente:

Ministro Antonio Fretes: “Yo creo que es conocida por toda la ciudadanía la impracticabilidad de la ley que nos obliga a transmitir el procedimiento establecido y los expedientes traídos a la vista. No por otra cosa sino por la cantidad de expedientes que tenemos en trámite. Pero no solo eso, creo que la señora presidenta y esta sala ha decidido, expedientes traídos a estudio y que se refieren a un mismo sentido y un mismo objeto, realizar de la forma más breve posible.

“Si transmitiéramos todos los expedientes, que llegan a 3.000, 4.000 expedientes, creo que contribuiríamos exactamente a retrasar nuestra sala, de manera que sugiero a la sala, a través de la presidenta, que vayamos seleccionando los expedientes que no son repetitivos y podamos analizar en forma y tenemos una acordada que dispone tal cosa también, a los efectos de que podamos administrar la ley que está en vigencia y que por este acto estamos dando cumplimiento.

“(...) Planteamos la selección de los expedientes. Básicamente no podríamos, en un asunto que nos trae a nuestro estudio de un menor por ejemplo, no podríamos hacerlo público por el interés del niño, etc. Tenemos expedientes que no podemos traer a publicidad, pero sí existen expedientes que sí interesan a la ciudadanía y eso lo vamos a seleccionar para hacer públicas nuestras decisiones.”

Ministra Gladys Bareiro: “La petición es bastante razonable, dentro de las causas que llegan a la Sala Constitucional evidentemente hay una mayoría que nos obliga a estudiarlo, son los casos de tema de jubilación y vamos a tratar también los temas de restitución de aporte que son muy importantes y que realmente constituyen la mayoría de las causas y constituye un esfuerzo considerable tratar de estar al día con ello. Me parece pertinente que quizá podamos ver aquellos casos que realmente puedan interesar a la ciudadanía. Así que yo propongo hacer un previo análisis, someter a consideración de los demás ministros de la sala y podamos llevar a cabo entonces en las próximas sesiones.

“(...) Quisiera agregar con relación a la ley que nos obliga a la transmisión, que es realmente impracticable. Por ejemplo, el tema de las medidas cautelares. Realmente la Sala Constitucional da medidas cautelares cuando son acciones contra leyes. En este caso de jubilaciones normalmente se dan cuenta tienen todos una misma causa y un mismo sentido. A mí me gustaría ver las medidas de aquellos casos que sean realmente emblemáticos y no lo que automáticamente estamos realizando, que son medidas cautelares en casos de normativas”.

Ministra Miryam Peña: “Me uno a la sugerencia del ministro Fretes así como también la propuesta de la presidenta, que estudiemos, analicemos cuáles son los expedientes que tengamos que resolver en una instancia pública por cuanto el gran temor que tenemos, es que respetando la ley tengamos que ir en vía contraria a lo que siempre estamos haciendo un esfuerzo, la lucha contra la morosidad. Hay tanta cantidad de expedientes que si vamos a publicar nuestras sesiones de todos los casos, nos llevaría en sentido contrario al esfuerzo que se está haciendo la Corte de mayor productividad. (...) No es que no queramos cumplir la ley, en la práctica nosotros estamos buscando mecanismos para no perjudicar el objetivo, para no entorpecer el objetivo de la sala de hacer el esfuerzo para no caer en una morosidad o atraso indeseable”.

Ante el anuncio de revisión del ministro Ramírez, resta saber si mañana la Corte mantendrá su postura o adoptará otra determinación.

Advierten grave retroceso en transparencia

El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano, afirmó que de concretarse la anunciada acción de inconstitucionalidad a ser promovida a propuesta de la Dra. Gladys Bareiro, “implicaría un grave retroceso en materia de transparencia de la sala que la misma integra, más aún porque la citada ministra ni siquiera dio razones o argumentos que sustenten su propuesta”, dijo al referirse a la sesión plenaria del martes último.

Galeano recordó que la organización a la que representa ya en las audiencias públicas de los postulantes a ministros había solicitado sesiones públicas y resaltó que espera que la Corte revea su decisión, en atención a que el ministro Manuel De Jesús Ramírez –ausente en la última plenaria por motivos de salud– anunció que solicitará al pleno la reconsideración de tal decisión.

“Este es un momento delicado para la Corte Suprema de Justicia, pues se encuentra en el foco del control y críticas ciudadanas a su gestión, por lo que es importante que sus integrantes den señales claras de no retroceder en materia de transparencia e independencia de los poderes fácticos y políticos que, desde siempre, pretenden influir en sus decisiones”.

Publicidad es la máxima garantía de la ciudadanía

Para María Gloria Bobadilla, presidenta de la Asociación de Abogadas del Paraguay, “la publicidad de los actos de gobierno (el PJ forma parte del gobierno conforme el Art. 3 de la C.N.), es la máxima garantía en favor de la ciudadanía de la resolución de un conflicto a la luz de la Ley, alejándose de la posible arbitrariedad en las decisiones de los Jueces y la ausencia de argumentos jurídicos en las sentencias”.

“Conforme estas normativas pretender presentar una inconstitucionalidad y de hacerse lugar a la misma, constituiría un retroceso a la transparencia. Dichas audiencias públicas constituyen una garantía y una salvaguarda contra cualquier intento de usar los Tribunales como medios para tomar decisiones arbitrarias que perjudiquen a la ciudadanía. Saber que cada juicio está sujeto al conocimiento instantáneo de la ciudadanía constituye un control efectivo sobre las eventuales resoluciones injustas del Poder Judicial, por tanto, la reciente ley en vigencia es una garantía a los ciudadanos que una ministra de Corte pretende atacarla de inconstitucional. Las sentencias constituyen un instrumento de garantía de la independencia de los Tribunales tan necesaria y de su actuación conforme a Derecho”.

Argumento sobre imposibilidad es “falaz”

Ezequiel Santagada, director ejecutivo de Idea y abogado del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI), calificó el día en que el pleno de la Corte autorizó la presentación de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6229/19 como un “día nefasto para la República” y afirmó que de prosperar tal acción, sería un retroceso para el proceso de transparencia. Resaltó que la misma ley prevé la suspensión de la transmisión en casos debidamente fundados, como por ejemplo aquellos en que involucren a menores, o cuestiones familiares o delitos contra la integridad sexual.

“Acá pretenden anular una de las leyes fundamentales en las que se sustenta la transparencia gubernamental. La ley N° 6229 establece que sólo debe haber sesión pública y transmisión cuando se debe resolver sobre la inconstitucionalidad de normas y resoluciones. Y, en todos esos procesos, los ministros deben reunirse. Se resuelve mediante acuerdo y sentencia en los que los ministros “dicen”. Es falaz que se sostenga que es imposible transmitir todos los acuerdos. En todas las sentencias se lee: “estando en la Sala de Acuerdos de la CSJ los señores ministros. Al momento de resolver los ministros deben estar presentes. Entonces, ¿cuál es la imposibilidad de transmitir?”.

Para Llanes, hay que reglamentar

La flamante ministra Carolina Llanes, durante la sesión de la Sala Constitucional a la que fue invitada, expresó lo siguiente:

“Yo quiero colaborar con la experiencia respecto a la oralidad de las audiencias, en el tema penal está previsto que la Sala Penal puede oralizar y existe incluso procedimiento breve y sumario que les da agilidad como para que estos recursos puedan sustanciarse y resolverse en audiencias orales que no necesariamente son audiencias muy largas.

“En relación a la ley que se está en este momento analizándose y cuya salida no se resolvió a través de la Corte, yo estoy leyendo el artículo 4 y entiendo que son solamente dos los momentos en que se tienen que oralizar y publicitar, que son los momentos de la decisión que tiene que tomar la Sala Constitucional o el pleno en caso de que se conforme y el de la suspensión a través de las medidas cautelares que se pueden decretar en la acción o de la excepción.

“Eso, a los efectos de que se dé agilidad a la aplicación de ley, se puede reglamentar, a partir de las facultades legales que tiene la Corte, organizar estas audiencias, establecer plazo y protocolo para planteamientos orales, síntesis de los escritos, de manera a que no todo el proceso tenga que ingresar a esa audiencia como tal y eso dilate innecesariamente la misma. (...).

“Yo no desacredito ni descalifico el planteamiento de los señores ministros, pero creo que esta es una oportunidad para reglamentar esta ley y no pedir su suspensión propiamente; sino hacerlo de manera gradual con los casos más emblemáticos e ir así incorporando la tarea de la Sala Constitucional a la oralidad y la publicidad, que son premisas fundamentales de nuestro sistema republicano”.

rferre@abc.com.py

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