Declaración jurada, solo a través de sentencia judicial

La ley que obliga a obtener información pública contenida en la declaración jurada de bienes y rentas, solamente a través de sentencias judiciales, atenta contra la transparencia. El presidente Mario Abdo tuvo la oportunidad de vetar la norma que coarta el derecho ciudadano de acceder a la información pública, pero no lo hizo.

Abog. Ezequiel Santagada
Abog. Ezequiel SantagadaArchivo, ABC Color

El pasado 6 de agosto quedó promulgada la Ley 6355/19 “Que modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 13 y 21 de la Ley N° 5033/13 ‘Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos’, y amplía las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias”.

La promulgación de esta ley fue consecuencia del silencio del Poder Ejecutivo dentro del plazo establecido en el artículo 205 de la Constitución. Esta ley requiere que debe mediar una autorización judicial para acceder a los datos contenidos en la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos que deben presentar los funcionarios y las autoridades gubernamentales.

De acuerdo con la interpretación que venían sosteniendo los tribunales, todos los datos que no estuvieran alcanzados por una causal de secreto o reserva establecida también por ley, eran públicos. Los únicos datos no públicos de las declaraciones juradas son la dirección y teléfono particular de los declarantes, la identificación de menores de edad y el número de cuenta bancaria.

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Todos los demás datos se consideraban públicos hasta ahora. Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Capital han sostenido que entre la Ley 5033/13 y la Ley 5282/14 existe una relación de complementariedad y que no son incompatibles entre sí. Sobre la base de esta interpretación, se hicieron públicas, por ejemplo, las declaraciones juradas de los últimos veinte años del ministro de Hacienda, Benigno López, y del presidente del Banco Nacional de Fomento, Daniel Correa.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, todos los datos contenidos en las declaraciones juradas de las autoridades gubernamentales y funcionarios –inclusive los que hasta ahora se consideraban públicos– solo podrán darse a conocer si una decisión judicial así lo autoriza. En este sentido, la Ley 6355/19 implica un serio retroceso en materia de transparencia.

Marito tuvo la oportunidad de vetar ley

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El abogado Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), manifestó que “es decepcionante que el presidente Mario Abdo Benítez no haya vetado esta ley. En 2017, cuando aún era precandidato a la presidencia firmó un compromiso público en el que expresamente sostuvo que velaría para que los avances legislativos en materia de acceso a la información pública no tengan ningún tipo de retroceso. Peor aún, dejó que esta ley quedara promulgada en un momento en el que se ha pedido su juicio político y el del vicepresidente por el acuerdo bilateral negociado en secreto por el cual se cedió a las presiones del gobierno de Bolsonaro, y respecto del cual, hay sospechas de corrupción. O sea, sumó secretismo al secretismo que está haciendo tambalear su gobierno”.

Agregó: “Por otra parte, esta nueva ley incluye entre los obligados a presentar declaraciones juradas de bienes y rentas a los accionistas, directores, socios gerentes o similares de empresas y entidades que sean contratistas o concesionarios del Estado, así como toda persona física o jurídica que de algún modo contrate, preste un servicio o realice una obra para el Estado, bajo cualquiera de las modalidades legales previstas”.

Sobre este punto, el mismo 6 de agosto, el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, emitió un dictamen que envió a la Asesoría Jurídica de la Presidencia en el que sostuvo que esta nueva ley “se extralimitaría al hacer extensiva la obligatoriedad de presentación de las mismas (las declaraciones juradas de bienes y rentas) a agentes que no están comprendidos bajo ningún concepto dentro del marco dispuesto por el artículo 104 de la Constitución Nacional”, indicó el abogado.

Ahora se aguarda la presentación masiva de acciones de inconstitucionalidad ya que a partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley (que será recién dentro de seis meses) quedarán equiparados con las mismas obligaciones, funcionarios y personas particulares que no administran la gestión del Estado, sino que solo le proveen bienes o servicios. Sin lugar a dudas, hubo vacilaciones dentro del Ejecutivo sobre si vetar o no esta ley y los sucesos en torno al posible juicio político deben haber influido.

Promulgación automática

El dictamen de la Contraloría fue pedido por la propia Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. El día 7 de agosto, ya operaba la promulgación automática de esta ley, y esta misma Asesoría Jurídica, explicó Santagada, emitió un comunicado sosteniendo que “dentro del plazo de seis meses de la entrada en vigencia de la Ley 6355/19, se convocará a una mesa de trabajo, a través de la cual se buscará consensuar y elaborar un proyecto de ley que logre el proceso de transparencia tan ansiado por la sociedad, en lo que se refiere a las declaraciones juradas de bienes y rentas”.

Derogación de ley

El abogado Ezequiel Santagada ya había adelantado en una entrevista con ABC Cardinal 730 AM que presentará un proyecto de ley para derogar la Ley N° 6355/19, y que para lograr eso, ya se puso en contacto con legisladores. Santagada considera sumamente perniciosa la vigencia de esta norma por trabar de manera indisimulada y grosera la posibilidad de tener acceso fácil a la informaciones públicas de las declaraciones de bienes.

Declaraciones

Recientemente la justicia falló a favor de la transparencia. En este caso, la Segunda Sala del Tribunal de Apelaciones ordenó a la Contraloría que entregue al periodista Hugo Portillo las declaraciones de bienes y rentas del ministro de Hacienda, Benigno López, y del presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Daniel Correa. La sentencia de segunda instancia ya no fue apelada ante la Corte por el contralor Camilo Benítez Aldana.

Inconstitucionalidad dormida

La Sala Constitucional de la Corte tiene pendiente expedirse sobre la inconstitucionalidad que promovió la Contraloría General de la República contra las sentencias que le obligan a proporcionar declaraciones juradas de bienes de altos funcionarios públicos, entre los años 1998 y 2017. El pedido fue realizado por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano. La Sala Constitucional se constituirá con los 9 miembros de la Corte para analizar la acción.

william@abc.com.py

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