¿A cuántos policías más tendremos que llorar?

El cobarde asesinato de dos suboficiales del puesto policial N° 19 de la colonia Aguará de Amambay, registrado el 12 de julio pasado, y el cruel acribillamiento de otros tres suboficiales del puesto policial Nº 008 del asentamiento Yaguareté Forest de San Pedro, ocurrido el 17 de julio, pasaron a engrosar las tristes estadísticas de policías caídos en el Norte del país a manos del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Es claro que mientras el presidente Horacio Cartes no demuestre una voluntad firme para acabar con la banda, las madres, esposas e hijos de uniformados seguirán llorando a sus muertos.

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Las últimas víctimas policiales del EPP fueron el suboficial mayor Agustín Romero (40), el suboficial primero Crispín Rojas Pereira (34) y el suboficial primero Roque Salinas Salinas (28), emboscados y acribillados el viernes último en Yaguareté Forest.

Sin embargo, solo cinco días antes y a escasos 29 kilómetros del lugar, el mismo grupo había también emboscado y ejecutado al suboficial principal Adalberto Candia Sanabria (44) y al suboficial primero Egidio Ramón Chávez (32), en el camino que conecta Santa Rosa del Aguaray con Capitán Bado.

Hasta hoy, ya suman 18 los policías asesinados por el EPP, grupo que también mató a tres militares y a 29 civiles.

Oficiales y suboficiales retirados de la Policía, así como madres, esposas, hijos y amigos de agentes en actividad, se manifestaron el sábado último en contra el gobierno de Horacio Cartes y la gestión del ministro del Interior Francisco de Vargas.

El temor y los reproches de estas personas son absolutamente comprensibles, ya que como ellos mismos dijeron “uno no sabe si cuando en la mañana se despide de su pariente policía, lo está haciendo por última vez”.

La familia policial, igualmente, exigió mayores garantías para los agentes comisionados en el Norte, quienes además del ínfimo salario tienen que soportar trabajar en condiciones muchas veces inhumanas.

El combate contra los grupos armados le cuesta al Estado alrededor de G. 4.500 millones por mes, entre las tres instituciones que integran la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Secretaría Nacional Antidrogas.

Sin embargo, el resultado de la inversión hasta ahora no es palpable, ya que por el contrario, los criminales actúan cada vez con más violencia, como provocando al Gobierno.

Si Horacio Cartes no adopta una voluntad firme, más jóvenes e inocentes policías seguirán perdiendo la vida, más madres quedarán sin sus hijos, más esposas sin sus esposos y más hijas e hijos sin sus padres.

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