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Pero sabemos todos que en Paraguay la justicia es selectiva y que castiga de acuerdo a la cara del cliente. Con algunos es severa y con otros llamativamente benevolente.
Así pues, me imagino que la justicia va a castigar con la mayor rudeza posible a los autores del cobarde atentado a tiros que sufrió una estudiante de Enfermería que está embarazada de casi cuatro meses. La mujer es madre de otros cuatro hijos.
El ataque, ocurrido en San Lorenzo, fue planeado por el propio padre de la criatura que está en camino, en complicidad con su esposa, según la hipótesis de la Policía y la Fiscalía. Ambos ya están presos, al igual que los dos sicarios que cometieron el crimen que casi resultó fatal.
El trasfondo de esta peliculesca historia consiste en que la víctima del atentado era la amante del supuesto ideólogo, quien a su vez aceptó deshacerse de ella cuando su esposa regresó de España y descubrió la infidelidad y el embarazo en desarrollo.
En menos de 48 horas, los investigadores dieron por esclarecido el caso, pero quedaron flotando varios espeluznantes detalles que llevan a reflexionar si los 30 años de cárcel que les esperan a los involucrados serían suficientes para castigar semejante acto de cobardía y crueldad.
Resulta que en medio de las confesiones de los implicados, surgió el dato de que el objetivo primario de los sicarios, por orden del matrimonio que ordenó el ataque, era en realidad matar al bebé que la víctima lleva en el vientre, al cual consideraban un “estorbo” para la relación que los supuestos ideólogos pretendían reactivar.
Es decir, los sicarios ahora detenidos, aparentemente, tenían instrucciones de asaltar a la embarazada, dispararle y provocar que perdiera su bebé, por el susto o por el efecto de los proyectiles. El hecho de que la mujer sobreviviera o muriera en el atentado, supuestamente, ya era secundario para las personas que planearon el hecho. La prioridad era no permitir que esa criatura naciera.
Teniendo en cuenta estos elementos, y si realmente son ciertos, 30 años de encierro no serán pena suficiente para reprimir tanto ensañamiento.
Desde hace años, el Paraguay requiere una actualización de su código penal, con castigos más severos de acuerdo con el tipo de crimen cometido. Si hubiera penas más fuertes, este atentado en particular, que afortunadamente no resultó fatal, podría servir como una vara para medir la rigurosidad de nuestro sistema de justicia.
Aunque estemos lejos de aplicar la pena de muerte en Paraguay, insisto en que eventualmente para este tipo de hechos no sería ilógico pensar en dicha posibilidad.
O por lo menos la prisión perpetua sería al menos un consuelo para las víctimas de ataques tan bárbaros como el que sufrió la embarazada en San Lorenzo.
ileguizamon@abc.com.py