¿Ataque planeado?

A más de una semana de la quema del Congreso, de los graves disturbios en el centro y del mortal asalto de la Policía a la sede del PLRA, aún queda pendiente confirmar si la muerte del joven dirigente Rodrigo Quintana Arrúa (26) fue en el marco de un operativo planeado previamente y quién era el verdadero objetivo. El crimen tiene que ser aclarado y los culpables castigados, sea quien sea.

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El trabajo del Ministerio Público va a ser más que complicado, pero por sobre todo tiene que desarrollarse con total autonomía.

Sobre los disturbios en el centro, que derivaron en la toma y la quema del edificio del Congreso, básicamente no hay muchas dudas. Fueron desencadenados por la rabia contenida de la ciudadanía contra las ambiciones reeleccionarias del presidente Horacio Cartes y del senador Fernando Lugo, que para lograr su cometido están a punto de consumar la violación de la Constitución Nacional e introducir una enmienda que les permita seguir por un periodo más, algo que en más de una ocasión aseguraron que no lo iban a hacer.

Sin embargo, también es muy cierto que tras el ataque a la sede del Poder Legislativo los graves disturbios que se propagaron por todo el centro, entre la noche del viernes 31 de marzo y la madrugada del sábado 1 de abril, fueron materializados principalmente por vándalos infiltrados que ya nada tenían que ver con las justas protestas del pueblo. En este punto, entonces, queda determinar quién financió la movilización de la horda de salvajes que causó severos daños a vehículos y negocios particulares, así como a todo lo que hallaban a su paso. 

¿Fue el propio Gobierno, en un intento por atribuir la conducta bárbara y desquiciada a la oposición que inició las protestas? ¿Fue la oposición, como para hacer tambalear aún más el gobierno de Horacio Cartes y conducirlo hacia un posible quiebre?

Operativo clandestino, típico de la dictadura

El otro punto relevante a analizar de aquel negro fin de semana en la capital del país tiene que ver con el ataque de la Policía a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde murió de un disparo de escopeta el joven dirigente Rodrigo Quintana Arrúa (26), presidente de la Juventud Liberal del distrito de La Colmena, departamento de Paraguarí.

Por un lado, el Gobierno alega que los policías cascos azules que mataron a Rodrigo estaban en persecución de un grupo de vándalos que minutos antes había atacado el edificio de ABC Color, situado a dos cuadras del PLRA.

La versión oficial refiere que muchas de las personas que atacaron con piedras a los uniformados se escondieron en el local partidario y que por eso irrumpieron primero los efectivos de Antidisturbios y casi simultáneamente los agentes de Investigación de Delitos.

Sin embargo, la recopilación de los videos de varias cámaras de seguridad, así como los materiales de los reporteros gráficos de ABC Color y de otros medios, desacreditan muchas de las mentiras del Gobierno. 

Los liberales y algunos opositores (especialmente los que están en contra de la enmienda) aseguran que el asalto policial al directorio del PLRA fue un operativo clandestino, típico de la dictadura y previamente planeado. Como argumento, mencionan que los cascos azules, que mataron a Rodrigo, y los policías de civil, que irrumpieron en el estacionamiento, llegaron apenas con 45 segundos de diferencia, por ambos flancos del edificio partidario, con una espectacular sincronización.

Desde un principio, los azules manejaron la posibilidad de que el atropello de la Policía tenía como objetivo detener al presidente del partido, Efraín Alegre, señalado como instigador de la quema del Congreso. 

Efraín, a su vez, acusa al asesor y gerente de las empresas de Horacio Cartes, el tabacalero José Ortiz, de haber ordenado el procedimiento contra los opositores.

Lo cierto, lo concreto, es que hubo una vida truncada, la de un joven, padre de familia, hijo y hermano. 

¿“Qué querés que haga con el muerto”?, había dicho una vez Horacio Cartes cuando se le preguntó sobre otro caso de fallecimiento durante su gobierno. Pues lo mínimo que debería hacer, señor Presidente, es honrar la memoria de ese compatriota y castigar a los culpables, sea quien sea.

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