Caseros de “oro” II

Con la decisión del Tribunal de Apelación de rechazar la apelación presentada por el diputado Tomás Rivas (ANR) contra la resolución que dispuso la notificación de su imputación para su desafuero para su posterior procesamiento, se reactiva la causa al parlamentario, a casi un año de su imputación. Ahora, sus pares deciden si será o no procesado por estafa y otros dos delitos.

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El 20 de mayo del año pasado, el fiscal Luis Piñánez imputó al diputado Rivas (cartista) y a Reinaldo Chaparro Penayo (quien sería su chofer), Lucio Romero Caballero (secretario privado) y Nery Antonio Franco González (otro chofer), por presunta estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, tras constatar que los caseros del parlamentario cobraban sueldo como supuestos funcionarios de la Cámara de Diputados.

El 22 de mayo, el entonces juez penal de garantías Rubén Riquelme solicitó el desafuero del parlamentario y procesó a los demás imputados, para quienes el juicio prosiguió con normalidad y el 16 de noviembre la fiscala Yolanda Portillo acusó a los tres, para los que pidió juicio oral y público por estafa y cobro indebido de honorarios.

A su vez, el diputado Rivas, a través del abogado Emigio Aliendre, el 2 de junio apeló la resolución por la cual el juez Riquelme comunicó la presentación de la imputación, para el consecuente desafuero y contra la propia imputación del fiscal Piñánez, con lo cual consiguió paralizar el proceso por varios meses.

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En una resolución dictada el jueves último, el Tribunal de Apelación en lo penal, 4ª sala, integrado por Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón y Arnulfo Arias rechazó el recurso de apelación de Rivas.

“No estando individualizada la resolución apelada en ninguno de los incisos requeridos por el artículo 461 del Código de Procedimientos Penales y no pudiendo, lo resuelto, causar agravio irreparable alguno al imputado en cuestión, el recurso de apelación interpuesto en su contra debe ser declarado inadmisible”, concluyó Ortiz Barrios.

A su vez, el camarista Emiliano Rolón sostuvo que corresponde admitir la apelación para su estudio, pero la misma no puede prosperar debido a que la actuación del magistrado está ajustado a derecho. A este voto se adhirió el tercer integrante de la sala, Arnulfo Arias.

En consecuencia, el expediente regresará a primera instancia para que la jueza Leticia Paredes de continuidad al trámite de desafuero de Rivas, para su procesamiento. 

Antecedentes del caso

La Fiscalía constató que Chaparro, Romero y Franco figuraban como funcionarios de la Cámara Baja, pero nunca fueron a trabajar allí.

La acusación precisa que Reinaldo Chaparro Penayo –casero de una propiedad del parlamentario ubicada en Lambaré– cobró indebidamente G. 17.854.160, de julio de 2016 a enero de 2017. Tenía un salario de G. 2.000.000.

En el mismo periodo, Lucio Romero Caballero –capataz en la estancia de Mbuyapey– cobró G. 17.791.660 con el mismo ingreso (G. 2.000.000).

En tanto que en el mismo periodo, Nery Antonio Franco González –empleado de distribuidora Salto del Guairá del diputado– percibió G. 24.000.000, con un salario de G. 3.000.000.

La investigación resalta que las planillas de asistencia eran firmadas por el propio diputado Tomás Rivas, quien certificaba que los citados funcionarios contratados asistían diariamente a las oficinas de la Cámara de Diputados cumpliendo horarios o se encontraban acompañándolo en sus labores legislativas, versión descartada con los informes de las telefónicas, que revelaron que los mismos no se encontraban en los lugares mencionados.

Ibáñez devolvió dinero y quedó libre

El exdiputado colorado José María Ibáñez y su esposa, la exmodelo Lorena Plabst, fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento, en la causa por estafa, expedición de certificado de contenido falso y cobro indebido de honorarios.

El legislador hizo figurar en la planilla de funcionarios de la Cámara Diputados a tres caseros encargados de cuidar su quinta de Areguá (Favio Ernán Gómez, Viviana Falcón Valenzuela y Ever Isaac Falcón).

La acusación refiere que algunos cheques fueron a parar en la cuenta de Plabst y que el perjuicio al Estado fue de G. 30 millones.

Pese a que la expectativa de pena era de hasta 7 años y 6 meses de cárcel, Ibáñez quedó “libre” del proceso tras comprometerse a donar un generador eléctrico al leprocomio de Sapucái (con un costo de G. 117 millones).

La resolución fue dictada en una audiencia realizada en julio pasado, por el juez interino Julián López. Este admitió sin más vueltas la petición de la defensa a favor de todos los imputados, pese a que tenía la posibilidad de dar trámite de oposición y conocer así la postura de la Fiscalía General del Estado antes de resolver.

La fiscala Victoria Acuña concordó con la petición de la defensa.

El principal argumento a favor de la suspensión condicional del procedimiento fue que el perjuicio, además de ser reducido –solo G. 30 millones–, ya había sido reparado mediante depósito realizado por Ibáñez a cuenta de Diputados.

rferre@abc.com.py

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