Caso Curuguaty: Impunidad en la tierra, paz en el cielo

El subcomisario Erven Lovera Ortiz tenía 41 años de edad. El oficial inspector Osvaldo Aníbal Sánchez Díaz tenía 32. El suboficial inspector Jorge Alfirio Rojas Ferreira, 37. El suboficial inspector Wilson David Cantero González, 35. El suboficial segundo Derlis Ramón Benítez Sosa, 27. El suboficial segundo Juan Gabriel Godoy Martínez, 25.

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Todos estaban en la plenitud de sus vidas y de sus carreras policiales. Eran compañeros en el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Alto Paraná. Eran padres, esposos, hijos, hermanos y amigos de quienes hasta hoy día les lloran, y con más razón ahora que sus muertes quedaron impunes.

Don Andrés Avelino Rivero García (62), don Avelino Espínola Díaz (55), el señor Delfín Duarte (54), karai Francisco Ayala (37), Arnaldo Ruiz Díaz Meza (36), Ricardo Frutos Lara (35) y De los Santos Agüero (35) también tenían los mismos sueños. Lo mismo que sus compañeros Adolfo Castro Benítez (28), Fermín Paredes González (28), Luis Agustín Paredes González (25) y Luciano Ortega (18).

Los 17 hombres citados eran paraguayos. Nacieron en esta bendita tierra, la misma por la cual murieron trágicamente aquel maldito 15 de junio de 2012, en Curuguaty, departamento de Canindeyú.

El reciente fallo de una Cámara de Apelaciones (conformada por la inhibición de todos los ministros de la Corte) dejó uno de los precedentes más nefastos en la historia jurídica del país.

La anulación de las condenas impuestas por la masacre de Curuguaty no solo deja impunes las muertes de los seis policías y 11 campesinos, sino que ofende profundamente la memoria de las víctimas y representa una bofetada para sus familias.

Y no lo digo porque quiero que los campesinos sigan presos, ni por defender a los policías. Todos merecen justicia. Merecen paz sobre sus tumbas. Merecen descansar en paz.

Es evidente que desde el principio se hicieron mal las cosas. Todos fueron metidos en una misma bolsa. Debían ser determinadas las responsabilidades penales de cada uno de los procesados. Si uno de ellos disparó y mató, pues tenía que ser condenado por homicidio. Si otro solo estuvo en el lugar, pero participó en la asociación criminal, pues debía ser condenado solo por este hecho y no por homicidio. Al final, jurídicamente, todos fueron sentenciados por matar a los policías y provocar la muerte de sus compañeros campesinos, cuando que no todos cometieron los mismos crímenes.

Hasta los campesinos condenados merecen justicia. Sí, merecen ser juzgados solo por lo que hicieron, si es que cometieron algún delito o crimen. No merecían ser considerados como asesinos sin una prueba contundente.

Pero eso tampoco es una justificación suficiente para dejar impune la masacre de Curuguaty, como lo hicieron los camaristas.

Y sería mucho más indignante todo si es que es cierto que este fallo jurídico aberrante formase parte de un acuerdo entre el Frente Guasu y el movimiento ahora oficialista Colorado Añetete, para que Mario Abdo Benítez pueda gobernar tranquilo el Paraguay desde este mes, cuando asuma oficialmente la Presidencia de la República.

La masacre de Curuguaty fue provocada por un grupo de criminales disfrazados de campesinos, que deben pagar con cárcel.

Pero es cierto también que la justicia paraguaya tiene la obligación de identificar uno por uno y con certeza a esos criminales y demostrar la reprochabilidad de sus conductas, para no hacer pagar a otros que no tienen nada que ver o que no tienen por qué asumir todas las consecuencias.

Con este fallo, que ya es irreversible, queda demostrado que la muerte de esos 17 compatriotas fue en vano, inútil, y que por sobre todo queda impune.

Aunque ya no van a tener justicia en la tierra, por lo menos rogamos que sus almas sí descansen en paz en el cielo.

ileguizamon@abc.com.py