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En 2017, el exgobernante ecuatoriano Rafael Correa entregó el poder a su otrora aliado político y actualmente jefe de Estado, Lenin Moreno; y se mudó a Bélgica, país de origen de su esposa.
Sus horas más bajas comenzaron a correr cuando el Poder Judicial, que antaño dominaba, decide reabrir una causa paralizada durante todo su mandato (2007-2017) por asociación ilícita y plagio.
Iracundo, odiado y querido por muchos, Correa fue acusado por la Fiscalía de su país de estar implicado en el secuestro del exlegislador opositor Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Colombia.
Según los agentes del Ministerio Público, Correa dio la “orden directa” para el fugaz secuestro.
El caso quedó congelado por 6 años en el Poder Judicial, dominado por el exgobernante. Pero dio un giro bajo la presidencia de Moreno.
Según la víctima, estando en Bogotá, fue forzado a subir a un automóvil, pero el plagio se frustró por la rápida intervención de las autoridades policiales colombianas, gracias a la llamada de un taxista.
Balda es un exaliado político de Correa, pertenecía al partido oficialista Alianza País –fundado por el exgobernante– pero desavenencias políticas y luego personales los apartaron.
La semana pasada la Corte de Ecuador resolvió enviar a juicio al expresidente, al tiempo que decidió mantener la orden de prisión preventiva en su contra, así como la búsqueda y extradición a Interpol.
Balda asegura que por orden de Correa, el personal de inteligencia y la policía de Ecuador, leales al entonces gobernante, planificaron su secuestro materializado el 13 de agosto de 2012. La víctima confesó que se había mudado a la capital colombiana debido a la inseguridad jurídica reinante durante el gobierno correísta (2007-2017).
Correa lo había denunciado por supuestas calumnias y exigía que a los tribunales, con jueces leales a sus intereses, que envíe al calabozo a su rival político.
El exmandatario socialista asegura que todo se trata de una persecución política, que todo “es una farsa” y que la causa fue reactivada por motivaciones políticas del presidente actual, Lenin Moreno.
“Como no pudieron –ni podrán– demostrarme corrupción, ahora soy ‘secuestrador’”, ironizó Correa en medio de la indagación.
Debido a que a las leyes ecuatorianas impide que un acusado sea juzgado en ausencia, Correa se verá sometido a un “autoexilio” por al menos 7 años si quiere evitar ingresar a la cárcel y el avance del caso.
En Ecuador los delitos que pesan en su contra prescriben en 7 años.
Tiempos oscuros
Pero el panorama del otrora poderoso político, el más joven de los presidentes identificados con el “Socialismo del Siglo XXI” que caracterizó a América Latina en la última década, se oscurece cada vez más.
La Fiscalía General dispuso la apertura de una investigación por peculado (malversación de fondos públicos) y fraude procesal en su contra, vinculado al caso de Balda, lo que obligaría a Correa a mantenerse en el extranjero como prófugo.
Las autoridades judiciales sospechan que el gobierno correísta utilizó dinero público para el pago del secuestro y contratar el vehículo en el que fue secuestrado el exlegislador.
Según la legislación ecuatoriana, el delito de peculado es imprescriptible.
La víctima anunció que esta semana presentará las acciones ante los tribunales por ese crimen, que no puede ser rechazada por la justicia.
La jueza que lleva la investigación, Daniella Camacho, ordenó en junio pasado el encarcelamiento temporal de Correa por desoír una citación judicial de comparecencia y pidió a la Corte Nacional de Justicia la captura internacional con código rojo a Interpol, organismo que no se pronunció hasta el momento.
Al tomar conocimiento de esto, el expresidente presentó una solicitud de asilo en Bélgica ante la Comisaría General para los Refugiados y Apátridas (CGRA) belga.
viviana@abc.com.py