En medio de un nuevo intento de juicio político

En medio del proceso de juicio político al ministro Sindulfo Blanco –cuya continuidad se calendarizó con su defensa ante el Congreso para esta semana– en el marco de otra causa, por prevaricato esta, la Cámara de Apelaciones declaró el pasado martes inoficiosa la impugnación que en su momento había planteando el entonces juez Huso Sosa Pasmor (hoy viceministro del Interior) contra la inhibición de su colega Gustavo Amarilla, por lo que la causa queda en el juzgado de Sosa, en la cual se encuentra actualmente el magistrado Rolando Duarte. Sin embargo, este decidió inhibirse del caso por el vínculos que en su momento tuvo con Blanco, pues se desempeñaba como relator suyo. El juez que salió sorteado, Miguel Tadeo Fernández, impugnó la inhibición de su colega, quedándose sin juez momentáneamente la causa, hasta que la Cámara de Apelaciones nuevamente designe al magistrado para el caso. Luego de casi dos años, la Sala Penal de la Corte Suprema destrabó el caso en que están imputados por supuesto prevaricato el ministro Sindulfo Blanco y el exministro Víctor Manuel Núñez. Sus colegas César Garay y Gladys Bareiro de Módica, junto con el camarista Pedro Mayor Martínez, admitieron la impugnación del camarista Emiliano Rolón en contra de la inhibición de José Waldir Servín, también camarista. 

El caso se encontraba parado desde el 5 de mayo del 2016, cuando el ahora exjuez Hugo Sosa Pasmor había impugnado la inhibición del juez Gustavo Amarilla en el proceso. Este se inhibió en su momento porque había sido juez en la causa en la cual, según los fiscales, se habría producido el supuesto prevaricato y con ese argumento se apartó. A raíz de ello el caso subió al Tribunal de Apelación y el camarista José Waldir Servín se apartó por amistad con el exministro Núñez. Sin embargo, su colega Emiliano Rolón impugnó la inhibición de Servín, por lo que el caso pasó a la Corte, donde también hubo una cadena de inhibiciones. 

La ministra Gladys Bareiro y el camarista Pedro Mayor Martínez, quien integró la Corte tras las inhibiciones en masa, votaron por admitir la impugnación y que Servín quede en la causa, bajo el argumento de que no se logró probar la amistad entre José Waldir Servín y Víctor Núñez. Por su parte, el otro integrante de la sala, César Garay Zuccolillo, votó por rechazar la impugnación; por ello, finalmente, la Cámara de Apelaciones quedó conformada Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Arnulfo Arias. Víctor Manuel Núñez y Sindulfo Blanco fueron imputados en abril del 2016 por los fiscales René Fernández y Luis Piñánez. Según la Fiscalía, en diciembre del 2014 Sindulfo Blanco y el entonces ministro Víctor Núñez cometieron el delito de prevaricato como integrantes de Sala Penal de la Corte Suprema al admitir en forma ilegal un recurso de casación presentado ante la máxima instancia judicial, según la imputación. A pesar de que la ley lo prohíbe, Blanco y Núñez admitieron el recurso de casación contra una resolución de segunda instancia que no puso fin al proceso sino ordenó la realización de un nuevo juicio oral, dijeron los fiscales que firmaron la imputación. La investigación se abrió tras la denuncia presentada por Peter Kennedy, quien acusó a Sindulfo Blanco y a Víctor Núñez de admitir ilegalmente un recurso de casación en contra de una sentencia de segunda instancia, por lo cual anuló un juicio oral en donde fue condenado por apropiación. 

Caso del contralor 

Por otro lado, el juez deberá analizar si admite la imputación contra el ministro Sindulfo Blanco debido a que existe cierto temor por parte del Ministerio Público de que ocurra lo mismo que en la causa del contralor general de la República, Enrique García. Según los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander, el titular del órgano de control tiene inmunidad de proceso y que solo puede ser enjuiciado una vez removido del cargo por juicio político (el “juzgamiento penal ordinario podrá proceder una vez que el servidor público sea separado del cargo por juicio político o termine su función y abandone el cargo protegido por inmunidad”), por lo que García supuestamente tenía inmunidad cuando se dio inició a la investigación en su contra por uso de documento público de contenido falso. Dicha decisión fue recurrida a través de una acción de inconstitucionalidad; por ende, será la Corte la que resuelva si confirma o no la imputación.

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