EPP logra imponer sus propias “leyes revolucionarias”

El Ejército del Pueblo Paraguayo, que el miércoles de siesta quemó una camioneta en una emboscada a un capataz de la estancia “San Eduardo” de Tacuatí, de a poco y con cada acción violenta está logrando imponer sus propias “leyes revolucionarias”, que consisten básicamente en obligar a productores norteños a aportar dinero y víveres para la “lucha” de la banda y en amedrentar a trabajadores inocentes para moverse de manera impune por los montes que comprenden el límite entre los departamentos de Concepción y San Pedro. Luis Lindstron justamente fue uno de los que pagaron con su vida la “desobediencia” a las imposiciones de los criminales.

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La última aparición del Ejército del Pueblo Paraguayo ocurrió el miércoles a las 11:50, en un camino interno de la estancia “San Eduardo”, propiedad de Eduardo Talavera, en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro, a 1.500 metros del cauce del río Ypané, que divide los departamentos de Concepción y San Pedro.

Un comando armado integrado por al menos 10 criminales, todos vestidos con uniformes de camuflaje y con armas largas, emboscaron al capataz Adrián Zorrilla Otaño, de 22 años, quien se desplazaba en una camioneta Toyota, cabina simple.

El grupo neutralizó a tiros de fusil el rodado de la víctima, al disparar contra el motor. El joven dijo que se agachó para evitar ser herido y que luego fue obligado a salir del vehículo y tenderse en el suelo, donde le quitaron todas sus pertenencias, entre ellas dinero, celulares y documentos.

Los delincuentes se identificaron como integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y le entregaron un panfleto para que leyera cada uno de los puntos establecidos en lo que los secuestradores llaman “leyes revolucionarias”, como las prohibiciones de hacer desmontes, fumigar y portar armas, entre otras cosas.

También le dijeron al capataz que su patrón debía entregar víveres y animales vacunos en el asentamiento Nueva Fortuna de Kurusu de Hierro, situado a cinco kilómetros del lugar, al otro lado del río Ypané, ya en el departamento de Concepción, y en el asentamiento Núcleo 4 de Arroyito, a 20 kilómetros del sitio de la emboscada.

Luego de estas advertencias y de casi media hora de arenga, los captores incendiaron la camioneta y liberaron a la víctima, quien a pie recorrió 10 kilómetros hasta llegar al casco central de la estancia.

Lindstron “desobedeció” al grupo

Durante el tiempo que permaneció retenido, el capataz Adrián Zorrilla Otaño pudo identificar a dos cabecillas del EPP, Osvaldo Daniel Villalba Ayala (30), alias “Alexander”, y Alejandro Ramos Morel (40), alias “Jota”.

Este último incluso era el que más le hablaba, preferentemente en guaraní.

El trabajador de la estancia “San Eduardo” contó tras su liberación que los integrantes del EPP le revelaron que mataron al ganadero Luis Alberto Lindstron Picco (63) porque “desobedeció” las exigencias de ellos y porque “no respetó las leyes revolucionarias” que le impusieron.

“Nuestros francotiradores mataron a Lindstron porque no cumplió con nosotros, nos desobedeció, y el castigo por no respetar nuestras leyes revolucionarias es la muerte”, supuestamente le dijo Alejandro Ramos Morel al empleado de la hacienda.

De este modo, finalmente el EPP se atribuyó de manera “oficial” el crimen del exintendente de Tacuatí, ocurrido el viernes 31 de mayo pasado dentro del predio de la estancia “Paso Itá”, a 20 kilómetros del lugar donde fue interceptado Adrián Zorrilla Otaño, el miércoles último.

“Le advertimos a Lindstron que suspendiera el desmonte, pero no nos hizo caso. Él echaba los árboles para producir madera en su aserradero, y eso está prohibido por el EPP”, añadió supuestamente Ramos durante el desarrollo del ilícito.

“Nunca más fue completamente libre”

Luis Lindstron había sido secuestrado por el EPP el 31 de julio de 2008, de su estancia “La Brasilerita” de Kurusu de Hierro, situada a solo 13 kilómetros del punto donde fue emboscado el capataz Adrián Zorrilla Otaño, en la estancia “San Eduardo” de Tacuatí.

El ganadero fue liberado por sus captores el 12 de setiembre de ese mismo año, tras el pago de 130.000 dólares de rescate.

Ramón, Amado y Aníbal Lindstron coincidieron en más de una ocasión que, desde su liberación, su hermano Luis Lindstron nunca más fue completamente libre, ya que estuvo permanentemente amenazado por los integrantes de la banda armada.

La situación llegó al extremo, que cuando la Policía recuperó 28.000 dólares que formaron parte del rescate, de la casa de Alejandro Ramos Morel, el mismo Lindstron tuvo que devolver la plata a los captores, tras una serie de amenazas. Finalmente, murió por “desobedecer” al EPP.