Guardias seguirán en desventaja ante los asaltantes

El asesinato a tiros del guardia Digno Ramón Gómez Roa (52), de la firma Guardián SA, en una infernal balacera iniciada por una banda de asaltantes frente a un banco de Luque, supone la reapertura de un debate sobre la Ley 5424, promulgada hace solo cinco meses y que regula el uso de armas de fuego para las empresas de seguridad privada. Aunque la normativa está muy bien argumentada, también es cierto que los custodios de caudales permanecerán siempre en clara desventaja frente a las bandas criminales que actúan con potentes fusiles automáticos mucho más poderosos que las prácticamente obsoletas escopetas y los casi inservibles revólveres de seis tiros que están autorizados a portar los vigilantes.

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El tiroteo en el que cayó acribillado el citado custodio se produjo hace una semana cuando un móvil transportador de caudales llegaba a la sucursal del banco Continental de Luque para recargar el cajero automático.

Varias cámaras de seguridad que captaron el asalto demostraron que el golpe fue fríamente calculado y que los criminales actuaron con información precisa, ya que el ataque fue materializado por dos pistoleros que cubrieron ambos costados de la entrada principal, por otros tres fusileros que bajaron de una camioneta Kia Sportage gris estacionada en la calle y por tres delincuentes más que reforzaron la operación desde un furgón Toyota Noah blanco.

Otro elemento aportado por las imágenes tiene que ver con la abrumadora superioridad de los delincuentes en cuanto al poder de fuego, teniendo en cuenta que los maleantes tenían, por ejemplo, fusiles AK-47 calibre 5.56, capaces de disparar varias ráfagas consecutivas, y pistolas automáticas también de tiros a repetición y que descargan al menos 18 proyectiles en solo cinco segundos.

En cambio, los guardias de seguridad asaltados portaban únicamente escopetas calibre 12 que disparan solo un cartucho a la vez y que, como se vieron en las imágenes, se llegaron a trabar justo en medio de la balacera.

De hecho, el guardia ahora fallecido ni siquiera tuvo tiempo de descerrajar su escopeta y, mucho menos, de empuñar su revólver calibre 38, que sin embargo tampoco le habría servido de mucho por las limitadas balas que contenía en su tambor.

Por ejemplo, en caso de haber usado su revólver, el custodio Digno Ramón Gómez Roa solo iba a tener la oportunidad de disparar seis veces y después tendría que haber recargado manualmente su arma, algo obviamente imposible en medio de una refriega.

La Ley 5424/15, que regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y bienes patrimoniales en el ámbito de seguridad privada, establece que los trabajadores de las empresas de seguridad solamente pueden portar escopetas calibre 12 o revólveres calibre 38 o hasta calibre 357.

El espíritu de la ley contempla que los custodios privados pueden utilizar solamente armas semiautomáticas, no automáticas ni de disparos a repetición o ráfagas, porque estas son de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad públicas.

Si bien es cierto que ningún civil tendría que estar autorizado al uso de armas como las que portan los policías o militares, también es cierto, justamente teniendo en cuenta este último trágico antecedente, que la ley debería tomar en cuenta otras necesidades por lo menos para los guardias de seguridad que trabajan en el transporte de caudales, quienes son los principales blancos de los grupos criminales organizados.

La muerte del custodio Digno Ramón Gómez Roa debería hacer replantear a las autoridades sobre los mecanismos de protección para estos trabajadores, literalmente indefensos ante cualquier ataque similar como el registrado hace una semana en Luque.

Mientras las organizaciones criminales sigan teniendo acceso a cualquier tipo de armamento en el mercado negro, para la consumación de estos grandes golpes, los guardias de seguridad de cualquier empresa privada permanecerán en desventaja y seguirán siendo un blanco fácil de eliminar para los delincuentes, por el desparejo nivel de fuerza entre ambos bandos.

“Hasta nosotros estamos expuestos”, dice comisario

El comisario principal Abel Cañete, jefe del departamento Contra Delitos Económicos y Financieros, unidad policial encargada de la regulación de la operatividad de las empresas de seguridad privada, explicó los tipos de armamentos que pueden portar los custodios están claramente establecidos en la Ley 5424/15.

Cañete señaló que, entre las últimas medidas tomadas precisamente para tratar de contrarrestar los ataques de asaltantes, figura la exigencia de implementar blindados de nivel cinco a los camiones transportadores de caudales, los cuales son capaces de soportar disparos de fusiles hasta calibre 5.56, equivalentes por ejemplo a las armas M16.

El uniformado insistió en que el uso de armas automáticas es exclusividad de las fuerzas públicas, aunque algunos guardaespaldas, por ejemplo, sí pueden portar pistolas calibre 9 mm, que son más efectivas que los revólveres de los custodios de caudales.

“El registro de portación de armas, a cargo de la Policía, solo autoriza las armas como pistolas calibre 9 mm por medidas de extrema necesidad, cuando se está en inminente peligro o se recibió alguna amenaza”, indicó.

Si es por los peligros, no solo los guardias, sino hasta nosotros mismos, los policías, estamos expuestos y en riesgo contra los asaltantes.

“La hipotética solución es que haya una fiscalización efectiva de la tenencia de armas en domicilios y que se controle la circulación de armas en el mercado negro”, remarcó.

ileguizamon@abc.com.py