Ipo’ivehápe jeýma oso la piola Paraguáipe

Hace una semana, el suboficial segundo de Policía Benito Joel Sanabria Duarte, de 29 años de edad, fue sentenciado a una pena de 12 años de cárcel.

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Fue al ser hallado culpable del delito de lesión corporal en el ejercicio de sus funciones públicas, tras ser identificado como el autor del disparo de escopeta que desfiguró el rostro al diputado liberal Édgar Acosta, el 31 de marzo del año pasado, en los primeros momentos de la crisis política desatada por el intento de Horacio Cartes de violar la Constitución Nacional para introducir la figura de la reelección presidencial.

No pienso atacar el fallo del tribunal de sentencia, aunque es raro que en este caso hayan impuesto una pena tan elevada mientras hay varios otros procesos a policías corruptos que siguen dormidos o en los que jueces fueron más benevolentes con los procesados, para no decir directamente que les favorecieron.

En fin. Se probó que hubo un delito y ese hecho debe ser castigado. Además, las responsabilidades penales son personales.

Sin embargo, nunca nadie se animó a investigar al mismo grupo que integraba el diputado Édgar Acosta, que era encabezado por el presidente del PLRA, Efraín Alegre. La turba de políticos, según un video de ABC TV, prácticamente acorraló a los policías antimotines que custodiaban el edificio del Congreso. Lo que pasó después, me refiero al disparo que pudo haber sido fatal, repito, tiene que ser necesariamente castigado.

Por otro lado, nadie tampoco se animó a procesar a los verdaderos responsables de aquella grave crisis política por la cual atravesó la República y que derivó en la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana, en la sede del PLRA, justamente a manos de otros policías que seguían órdenes del Gobierno que se está yendo.

Si el presidente Horacio Cartes, los colorados oficialistas, los liberales llanistas y los luguistas no trataban por todos los medios posibles de violar la Constitución Nacional, los liberales oficialistas, partidos de oposición ni los diversos sectores sociales no iban a tener la necesidad de salir a las calles para defender la Carta Magna.

Entonces, la Policía no tendría que haber sido desplegada, el suboficial Benito Sanabria no tendría que haber disparado contra el diputado Édgar Acosta, ni el suboficial Gustavo Florentín (con arresto domiciliario) no tendría que haber llegado nunca a la sede del PLRA donde murió Rodrigo Quintana (la culpabilidad de Florentín aún está sujeta a una investigación).

Esta cadena de eventos desataron la crisis del #31M. Pero hasta ahora solo hay un condenado, como casi siempre, un humilde policía, que tal vez cometió un error criminal, pero que también es cierto prácticamente fue forzado por la coyuntura. 

Si van a castigar a unos, que castiguen a todos. Al que disparó, al que atropelló y al que avasalló la institucionalidad de la República. 

Pero lamentablemente y como siempre, ipo’ivehápe jeýma oso la piola. Entiéndase contextualmente, en Paraguay siempre paga el más débil.

ileguizamon@abc.com.py