La ley antisecuestro y la vida de Arlan

La ley especial antisecuestro N° 4005, a través de la cual la Justicia dispuso el congelamiento de todos los bienes de la familia Fick Bremm de la colonia Paso Tuyá para evitar que paguen un rescate al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a cambio de la liberación de Arlan, de 16 años, desató un debate en la última semana acerca de los alcances de la normativa y si su ejecución podría poner en riesgo la vida del menor secuestrado. Varios sectores de la sociedad norteña exteriorizaron su rechazo a la ley al indicar que ella solo perjudica a la familia al atarla de manos.

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La ley especial antisecuestro N° 4005, a través de la cual la Justicia dispuso el congelamiento de todos los bienes de la familia Fick Bremm de la colonia Paso Tuyá para evitar que paguen un rescate al EPP a cambio de la liberación de Arlan, desató un debate en la última semana acerca de los alcances de la normativa y si su ejecución podría poner en riesgo la vida del menor secuestrado.

Esta ley, que entró en vigencia en el año 2010, poco después de la liberación del ganadero Fidel Zavala Serrati, entre otras cosas, establece que una vez que se configure un hecho punible de secuestro automáticamente el Ministerio Público deberá solicitar el congelamiento de todos los bienes de la familia de la víctima, con el objeto de que no puedan disponer de sus recursos para un eventual pago de rescate y así evitar que los captores obtengan fondos a partir del chantaje y la extorsión.

En otro punto, también contempla que hasta para cualquier otro trámite financiero ordinario, como pago de cuentas pendientes, necesariamente los familiares deberán comunicar por escrito y con argumentos fundados el destino de ese monto a ser extraído, siempre y cuando sea autorizado por la fiscalía y avalado por un juzgado.

En la opinión de algunas personas que participaron de la negociación para la liberación del hacendado Fidel Zavala, por ejemplo, esta ley es la única herramienta legal para que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no pueda seguir fortaleciendo sus tentáculos con financiamiento ilegítimo.

Sin embargo, para varios otros sectores sociales, como representantes de la Iglesia y del entorno de la familia Fick Bremm, esta medida, además de antipática, no hace otra cosa más que poner un nuevo obstáculo en el proceso de liberación y hasta acelera una eventual reacción de los captores, que al no poder cobrar un rescate, podrían recurrir a otras opciones.

Pese al debate que genera y a las opiniones dispares que se formulan, la ley especial antisecuestro seguirá vigente y deberá ser acatada, aunque sí debería hacerse una revisión y resideñar la normativa como para encontrar un punto medio entre el riesgo que conlleva su aplicación y evitar que el EPP siga recaudando dinero sacado de familias inocentes.

Las discusiones sobre el congelamiento de los bienes de los Fick Bremm prosiguieron a las intenciones de algunos sectores de la sociedad, como la Iglesia, de buscar una mediación para acelerar el proceso de liberación del menor.

Sin embargo, desde la óptica del Gobierno, esa posibilidad era alejada, teniendo en cuenta que la legislación prohíbe el concurso de terceros para este tipo de intervenciones.

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