La Policía está violando su propia ley

La misma Policía Nacional está violando su nueva ley orgánica 5757, que está en vigencia desde diciembre del año pasado, pero que hasta ahora no rige en la práctica. La normativa readecua la organización estructural y operativa, así como prevé desalentar la corrupción interna con sanciones hasta económicas. Presupuestariamente, no hay demasiadas modificaciones.

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Le ley 5757 está en vigencia desde el 7 de diciembre de 2016, cuando el presidente Horacio Cartes refrendó la normativa que modifica varios artículos de la anterior ley 222, que a su vez data del año 1993.

Entre otros cambios, figuran por ejemplo, la cantidad de comisarios generales, ya que actualmente son 19, pero que van a pasar a ser 42, casi igualando a la cantidad de generales que tienen las Fuerzas Armadas, y también la creación de cuatro especialidades policiales específicas, que son de prevención y seguridad, investigación, intendencia y sanidad.

Otra virtud de la nueva ley es la sanción contemplada para los policías corruptos, que pueden llegar a ser multados en dinero, suspensión sin goce de sueldo y hasta la imposibilidad del cobro de haberes jubilatorios, además de baja deshonrosa.

“No va a representar mayores gastos para el Estado”

Según fuentes de la cúpula policial, que admitieron que la nueva ley ya está en vigencia, la demora en la ejecución efectiva se debe a que actualmente la institución está en la última fase de la reglamentación.

Los uniformados dijeron que a finales de agosto, cuando se celebre el Día del Agente, la ley 5757 ya debería estar en pleno funcionamiento.

El único inconveniente con el que tropezaría la puesta en vigencia de la nueva ley orgánica policial es la readecuación presupuestaria que implica, ya que varias unidades suben de categoría, como las Jefaturas Departamentales, que van a pasar a ser Direcciones Departamentales, y los mismos comisarios generales que tendrán que ser promocionados.

Sin embargo, los uniformados encargados de la reglamentación señalaron que no va a representar mayores gastos para el Estado, excepto los G. 15 millones mensuales demás que se deberán pagar a los 23 nuevos comisarios generales.

Las unidades afectadas por los cambios van a seguir operando con sus mismos rubros, de momento, así como las instalaciones y estructuras se van a conservar tal cual.

Eso sí, las nuevas Direcciones de Policía de cada departamento del país van a tener su propia subunidad de administración y finanzas, para que, por ejemplo, los agentes del Chaco o de otros puntos lejanos ya no tengan que venir hasta Asunción para retirar balas, bolígrafos u otros elementos insignificantes.

De aquí a unos años recién la Policía podría pedir un incremento presupuestario, en caso de que esta nueva ley haga cambiar la imagen que tiene la institución ante la ciudadanía, según explicaron las fuentes consultadas.

Lucha encarnizada por el ascenso

La inminente implementación de la nueva ley orgánica policial sigue generando una enorme expectativa en filas policiales.

Uno de los focos de atención se centra sobre los 23 cargos de comisario general vacantes, ya que actualmente son 19, pero que van a pasar a ser 42.

Para llenar esos puestos, el comando institucional deberá elegir de entre más de 200 comisarios principales, lo que inició una lucha encarnizada entre estos.

Aunque no se animen a admitir, varios de los aspirantes a comisario general empezaron sus propias “campañas”, con alianzas con políticos y otros “padrinos” que los puedan ayudar a ser promocionados.

Sin embargo, supuestamente, la decisión se va a basar en los perfiles de cada comisario principal y en las necesidades que implican los cargos a ser cubiertos.

Solamente después de la designación de los nuevos comisarios generales se podrá saber si las promociones fueron por méritos y no por aptitudes, ya que varios de los postulantes arrastran oscuros antecedentes que tienen que ser revisados por la cúpula.

Tres pilares

El espíritu de la nueva ley se basa en tres pilares fundamentales, la organización interna, el sistema de ascensos de oficiales y los perfiles adecuados para ocupar los cargos. Los proyectistas pretenden, de ese modo, que las personas idóneas ocupen los puestos de relevancia, para evitar las designaciones arbitrarias y a dedo.

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