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Supuestamente, la criatura había sido robada de la casa de una vecina, con la que quedaba mientras su joven madre (que en aquel entonces tenía 21 años) se iba a trabajar.
Sin embargo, cuando los investigadores localizaron a los “nuevos” padres de la menor de edad se conocieron varios otros detalles que hacen dudar de que en realidad se trató de un robo o de una venta, pero que de todos modos debe ser castigado, porque los derechos de los niños se deben respetar. Ellos no son una mercadería.
Los padres adoptivos negaron haber comprado a la niña y alegaron que en realidad la propia madre biológica les entregó a su hija (la mayor de cuatro criaturas).
Después, reconocieron que inscribieron a la menor con otro nombre, en un registro civil del departamento de San Pedro, con testigos obviamente falsos, lo que constituye un primer delito.
Si es que los padres adoptivos retiraron a la niña con consentimiento de su madre biológica, ¿por qué entonces no tenían ningún documento de la menor de edad?
Con este elemento, pareciera ser que en realidad la niña fue robada del seno familiar.
Pero después aparecieron activistas sociales y hasta trabajadoras sociales contando que la madre biológica de la niña nunca se interesó en recuperarla y que incluso llegó a prohibir que continuara la investigación de búsqueda.
Entonces, con estos testimonios, uno puede pensar que la madre biológica entregó a su hija por voluntad propia, pero que, presuntamente, después se arrepintió.
En síntesis. Sea cual fuese la verdadera historia de este caso, la justicia debe castigar a los responsables de traficar con una menor de edad, a la que le arrebataron gran parte de su niñez y le produjeron un trauma psicológico tremendo. Si la mamá la entregó, debe pagar. Si los padres adoptivos se la robaron, deben pagar.