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Mario Rubén Pino Leguizamón ganó notoriedad en la madrugada del pasado domingo 3 de junio por conducir su camioneta bajo los efectos del alcohol. En este caso , lo que más se le cuestiona es que se trata de un magistrado con una investidura que debería cuidar.
El hecho al hacerse publico permitió que la comunidad de Mayor Pablo Lagerenza, ubicada a unos 850 kilómetros al norte de la capital del país y casi en la frontera con Bolivia, donde casi no existe población y solo hay un destacamento militar, cuente con un juez de Paz.
Nadie lo sabía pero el mismo Pino lo confirmó. “Yo gané un concurso para juez de Paz de aquel lugar en octubre de 2017 y llegué a irme en dos oportunidades al lugar, pero lamentablemente no existen condiciones para el trabajo”, explicó.
“Desde entonces me presento todos los días a la sede de la Corte Suprema, donde estoy a disposición de mis superiores”, añadió el juez.
Finalmente se justificó: “No es culpa mía que no haya una sede de juzgado en el lugar donde gané un concurso de oposición honestamente”.
Es inexplicable que la Corte haya llamado a concurso por un cargo que ni siquiera tiene la infraestructura para el efecto.
Es incomprensible que un magistrado tenga que cumplir horario sin hacer nada para justificar el salario.
Es una nimiedad el cargo del juzgado de paz pero lo descubierto en forma accidental habla por lo mínimo de esa posibilidad.
Hay un presupuesto para el efecto. Por lo menos eso creemos, por eso se llamó a concurso el cargo.
¿Entonces qué se hizo de ese rubro?
Y acaso no se le falta el respeto a la comunidad de Lagerenza, que por más pequeña que sea fue invocada para la adjudicación de un cargo judicial que tiene como fin gestionar los conflictos de la zona.
Históricamente el interior del país está descuidado por las diversas instituciones del país. La Justicia no es la excepción.
A partir de Central se pueden observar juzgados que no reúnen las condiciones para el efecto, Pero si a esto se suma que hay jueces sin juzgados, ya es mucho. Habla de una profunda desidia por lo mínimo, de la cual la Corte, como administradora, es la responsable.