Mataron por un celular, pero ahora están en su casa

La jueza de Luque, María Fernanda García de Zúñiga, desató una profunda indignación en la ciudadanía de dicha ciudad, al conceder en la última semana arresto domiciliario a dos “motochorros” que hace apenas siete meses asesinaron de una puñalada al estudiante David Bonifacio Martínez Martínez (19) en un atraco callejero. La magistrada defiende su resolución y dice que actuó en derecho, mientras que la familia del joven interpreta el fallo como una burla de la justicia. La fiscalía, que no fue notificada de la liberación de los autores confesos, anuncia que va a apelar y que tiene suficientes elementos probatorios.

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David Bonifacio Martínez Martínez, quien el 15 de febrero pasado debía haber cumplido recién 20 años, fue asesinado por dos “motochorros” en la noche del 24 de setiembre del año pasado cuando retornaba de la facultad.

El joven estaba en el primer año de la carrera de Enfermería y, a la vez, trabajaba con su padre y hermanos en la albañilería para cubrir sus gastos universitarios.

David Bonifacio y su amigo Alejandro Sebastián Ramírez Ayala caminaban por la calle Guillermina Leoz casi 6 de Enero de la Fracción Leoz, en la compañía Maka’i de Luque, hasta que fueron interceptados por dos jóvenes, ambos en aquel entonces de 16 años.

Uno de ellos, Fernando Francisc M. D., bajó de la moto y con un puñal en mano amenazó a las víctimas.

David se resistió a entregar sus cosas y, en un afán por salvar su celular, forcejeó con el precoz criminal, quien le aplicó una puñalada en el pecho y recién ahí pudo hacerse con el teléfono.

Finalmente, el maleante abordó de nuevo la motocicleta, que era manejada por Arturo Ramón C., según la investigación.

Sus últimas palabras

“¡Qué bobo sos!”. “¿Para qué le diste tus cosas?”, fueron las últimas frases que dijo David Bonifacio cuando le reclamó a su amigo Alejandro Sebastián el hecho de que este último no haya opuesto resistencia al robo.

Segundos después, el estudiante de Enfermería caminó unos pocos pasos y cayó ensangrentado al suelo.

Desde ese momento, su vida comenzó a apagarse lentamente.

Varios procedimientos

Inmediatamente después de que se consumara el homicidio, la Policía inició una serie de procedimientos en busca de los autores materiales, aunque algunos de los operativos resultaron infructuosos.

Con el correr de los días, los sospechosos iniciales iban siendo descartados, hasta que un mensaje enviado desde el celular robado a David Bonifacio generó la ansiada pista.

El 6 de octubre de 2014, los investigadores finalmente llegaron a los responsables, aunque primero detuvieron en Isla Bogado a Diego Ramón Brizuela Ávalos, quien dijo haber comprado el celular robado por G. 100.000. Igualmente, cayeron Vicente García, Junior Arrúa, Nelson Velázquez Villagra y la madre de este, Benita Villagra, quien compró el chip del aparato celular y utilizó en el teléfono de su hijo.

Estos elementos condujeron a la Policía directamente a los dos autores materiales, Fernando M. D. y Arturo Ramón C., quienes tenían consigo el arma homicida, una remera con manchas de sangre y la motocicleta presuntamente usada para el hecho.

La confesión

Ya después ante la fiscala de Luque, Francisca Gómez, los menores confesaron el asesinato.

“El celular lo vendió por 100.000 guaraníes nada más, un celular que no era precisamente de última generación, un aparato sencillo y que demuestra que tan poco vale la vida de un ser humano para estos delincuentes, por G. 100.000 nada más”, expresó en aquel entonces la fiscala Francisca Gómez.

La representante del Ministerio Público procesó a los adolescentes por robo agravado con resultado de muerte y ambos quedaron encerrados.

Indignante fallo

Al transcurrir los primeros seis meses del homicidio de David Bonifacio Martínez Martínez, los familiares de este seguía incansables en su lucha por obtener justicia.

Sin embargo, en lo que ellos mismos calificaron como una burla, hace una semana la jueza de Luque, María Fernanda García de Zúñiga de Saguier, concedió arresto domiciliario nada menos que al autor confeso del crimen, Fernando Francisco M. D.

Solo días después, específicamente el viernes último, también envió a su casa al conductor de la motocicleta, Arturo Ramón C.

Totalmente desesperanzados, los familiares del joven fallecido exclamaron sentirse burlados. Remarcaron que el hecho de que sean pobres no quiere decir que no puedan ser beneficiarios de la justicia.

Ahora, ambos menores asesinos disfrutan nuevamente de su libertad, aunque supuestamente deben ser controlados por la Policía, algo poco probable, lo que a su vez podría derivar en que salgan nuevamente a las calles a asaltar y matar.

Alega que actuó en derecho

Al ser consultada sobre su determinación, la jueza de Luque María Fernanda García de Zúñiga dijo que actuó en derecho.

Explicó que ambos son menores y que al menos por compurgamiento de la pena mínima ya les correspondía salir, porque ya transcurrió en exceso el plazo de seis meses del periodo investigativo.

“Es una decisión jurisdiccional del Juzgado. La fiscalía está en potestad de apelar. Nosotros nos basamos en el derecho, creemos que actuamos como corresponde. Entendemos que es un hecho grave, pero teniendo en cuenta que son menores hay un tratamiento especial. Lastimosamente nuestra ley es muy benevolente con los menores. Además, nos regimos por la legislación y estos chicos no tienen antecedentes. Vamos a mantenernos firmes en nuestra decisión”, declaró la magistrada.

Anuncia apelación

La fiscala del caso, Francisca Gómez, también reaccionó enérgicamente al enterarse de la liberación de los dos menores asesinos confesos.

Cuando fue entrevistada, reveló que ni siquiera había sido notificada del caso.

“Es una causa muy grave. Cómo la jueza les va a dar arresto domiciliario. Es una barbaridad. Si incluso ya hay antecedentes de otros jueces (como Alberto Sosa) que daban medidas alternativas a casi todos los procesados. Ella sabe cuál es la recomendación para estos casos”, se quejó la agente fiscal.

Finalmente, Gómez aseguró que iba a apelar la medida y que el Ministerio Público tiene suficientes elementos para sostener una acusación contra ambos menores ahora liberados.

Otro nefasto precedente

La determinación de la jueza García de Zúñiga, que generó todo tipo de comentarios y de cuestionamientos hasta en las redes sociales, sienta otro nefasto precedente en Luque, donde su antecesor, el ahora exjuez Alberto Sosa, había sido removido del cargo precisamente por dar la libertad a varios peligrosos delincuentes, algunos de ellos reincidentes.

Alberto Sosa había sido destituido por otorgar medidas sustitutivas a Julio César Aponte, quien fue el autor de un asalto en el que casi mató a la estudiante de Derecho Ruth Camila Cabriza, siempre en la ciudad de Luque.

La joven fue atacada por dos “motochorros” cuando llegaba a su casa.

Al resistirse a entregar su cartera, la estudiante fue baleada por el criminal. El proyectil dio en la cara, pero afortunadamente no la mató.

La salida de Sosa, dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, constituyó en su momento un mensaje a los jueces y fiscales implicados en este tipo de injusticias.

María Fernanda García de Zúñiga, quien lleva pocos años como magistrada, ahora también se expone por lo menos a que su gestión sea analizada por el órgano superior y, eventualmente, a una sanción.

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