Preliminar a Enzo: 4 años de trabas

El proceso abierto a los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo –exsenador liberal y actual parlasuriano– y su sucesor Rody Godoy por supuesto desvío de G. 3.700 millones, está por cumplir 4 años en espera de realizar la audiencia preliminar, debido a chicanas varias, sumadas a la excesiva demora de las autoridades en resolver las cuestiones planteadas y hasta para notificar lo resuelto, pese a que todas las oficinas están en diferentes pisos de una misma torre.

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El 5 de abril del 2015, la fiscala Alba Delvalle acusó y pidió juicio oral y público para los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy y altos funcionarios de la citada cartera de Estado por lesión de confianza y otros delitos.

Hoy a casi cuatro años de aquel requerimiento, hasta el momento no se ha podido realizar aún la audiencia preliminar, suspendida en más de siete ocasiones por diversos motivos.

La excesiva dilación de esta causa tiene su origen no solo en los incidentes dilatorios planteados por la defensa sino además, en parte, por la excesiva demora de las autoridades judiciales en diligenciar el caso.

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Si bien el expediente a la fecha cuenta con más de 30 tomos, hicimos un seguimiento que evidencia la increíble parsimonia con que se maneja la causa, que tiene relación con un desvío de unos 3.700 millones de guaraníes.

El 22 de noviembre del año pasado, la sala constitucional resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa de la coacusada Maristela Azuaga contra una resolución del Tribunal de Apelación del 17 de diciembre del 2014, es decir, casi cuatro años antes.

Específicamente, los ministros Antonio Fretes, César Garay Zuccolillo y el camarista Arnulfo Arias rechazaron “in limine” la cuestión planteado, por incumplimiento de requisitos básicos para su viabilidad.

“No corresponde ni se justifica reexaminar cuestiones debatidas y resueltas en otras instancias, cuando no se advierten inobservancias de normas o preceptos constitucionales. Y más aún, en el caso que nos ocupa, por tratarse de un proceso que se encuentra en sus inicios y en pleno trámite, motivo por el cual se torna inviable la admisión de la acción de inconstitucionalidad”, dice el fallo.

Como si no bastara haber demorado casi cuatro años para resolver la cuestión, el expediente llegó al juzgado recién la semana pasada. Las constancias obrantes en el cuaderno de proceso dan cuenta de que una vez notificadas las partes de lo resuelto por la Corte, el expediente fue enviado al Tribunal de Apelación, 3ª sala, el 17 de diciembre del año pasado.

Por razones desconocidas, el expediente quedó “varado” en segunda instancia hasta el 7 de marzo último, cuando el presidente de la referida sala, Dr. Cristóbal Sánchez, ordenó su remisión al juzgado de delitos económicos N° 12.

Recusación, recurso repetido 

El 15 de agosto del 2018, ante una de las varias convocatorias del juzgado para la realización de la audiencia preliminar, Maristela Azuaga –a través de su abogado Francis Javier Cárdenas– recusó al juez Humberto Otazú.

Esta recusación fue rechazada en la misma semana por el Tribunal de Apelación, 3ª sala, a través del el AI N° 224 del 22 de agosto, pero el 6 de setiembre Azuaga presentó un recurso de apelación general contra dicha resolución.

El 11 de febrero último, la sala penal integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Miryam Peña y el camarista penal Gustavo Santander declaró inadmisible dicha apelación y el 7 de marzo último, el expediente regresó al juzgado.

La de Azuaga fue la tercera recusación presentada contra Otazú, quien anteriormente se vio obligado a posponer la audiencia preliminar en junio y en abril del 2016, por el mismo motivo.

El 27 de junio de 2016 Otazú fue recusado por el acusado Víctor Llano, con patrocinio del abogado Julio Palma y el 12 de abril del mismo año por el abogado Ramón Daniel Gutiérrez Salinas, en representación de Armín Enrique Hamman Bugs.

Ambas recusaciones fueron rechazadas por infundadas.

En el año 2015, la preliminar fue suspendida el 3 de agosto, el 7 y el 18 de octubre. La primera vez por una reposición planteada por Enzo Cardozo y Azuaga contra la convocatoria a la audiencia; la segunda vez porque Cardozo y Godoy presentaron certificados de reposo por hipertensión y la tercera vez, porque Azuaga pidió que se resuelva primero un recurso presentado anteriormente.

RECHAZO IN LIMINE “No corresponde ni se justifica reexaminar cuestiones debatidas y resueltas en otras instancias, cuando no se advierten inobservancias de normas o preceptos constitucionales”. Fuente: AI N° 2.825 del 22 de noviembre del 2018.

Perjuicio es de G. 3.000 millones, según fiscala

La acusación presentada por la fiscala Alba Delvalle cuantifica el perjuicio en G. 3.719.080.204, millonaria suma que correspondía a fondos del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope) y del Frente Combatiente contra la Pobreza (Freccop), bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La investigación fiscal señala que en 2011 y 2012, durante la administración del senador liberal Enzo Cardozo en el MAG, fueron desviados G. 1.219 millones, que debían ser destinados a 8 comités de diversos puntos del país, en el marco del Pronafope. Según Delvalle, pese a no cumplirse el requisito de análisis técnico, Cardozo ordenó desembolsar el dinero, y que también se comprobó la vinculación directa entre las empresas oferentes.

Asimismo, la acusación afirma que durante la gestión de Rody Godoy fueron desviados G. 2.500 millones con la ONG Frente Combatiente contra la Pobreza. El dinero fue entregado de una sola vez y terminó en la cuenta bancaria particular de un consultor de Pronafope.

Otros imputados ya cumplen sus condenas

En diciembre del 2017, Silvio César Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo, presidente, vicepresidente, tesorero y contador de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), respectivamente, fueron condenados a 11, 9, 9 y 7 años de cárcel, en ese orden, y enviados a prisión. Esta sentencia ha sido ratificada en segunda instancia y es actualmente objeto de estudio en la Corte Suprema de Justicia.

Riveros y demás directivos de la Fenaprofhp fueron imputados en diciembre del 2013 conjuntamente con los exministros Enzo Cardozo, Rody Godoy, la exdirectora de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería Maristela Azuaga y una veintena de personas, por el desvío de G. 68.265.418.419 (2011-2012).

La acusación por estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, apropiación y producción de documentos no auténticos también se presentó en forma conjunta, pero hasta la fecha no se ha podido realizar aún la audiencia preliminar con relación a Cardozo, Godoy y Azuaga, a causa de una serie de recursos promovidos por la defensa actualmente en estudio en la Corte. Una vez resueltas las cuestiones planteadas, el caso será derivado al juez Gustavo Amarilla.

rferre@abc.com.py

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