Cargando...
La Comisión de Reforma Judicial realizó una intensa labor legislativa desde finales del año 2014 hasta diciembre de 2017.
En una primera etapa 2015-2016, la Comisión estudió y elaboró cinco proyectos de ley para el mejoramiento del sistema judicial desde el punto de vista de eficiencia y eficacia del Poder Judicial, y para fortalecer la independencia judicial.
Durante el año 2017, se priorizaron algunos temas surgidos en los debates mantenidos en las sesiones, y de la preocupación de la Comisión por dar respuesta a algunos de los grandes reclamos de la ciudadanía de una mejor justicia, como la reforma administrativa del Estado y la justicia indígena, temas poco visibles pero de gran repercusión en la vida cotidiana de los paraguayos.
Por otro lado, la Comisión de Reforma Judicial realizó un gran esfuerzo por dar a conocer a la ciudadanía el proceso de reforma de la justicia, recoger propuestas y sobre todo, conocer los obstáculos que a diario se presentan para acceder a la justicia, con el fin de proponer alternativas para modificarlos.
Se recorrieron varios Departamentos del país y miembros de la Comisión participaron de encuentros con la comunidad jurídica, estudiantes de Derecho, abogados, comunidades indígenas, formadores de opinión, periodistas, representantes de la comunidad internacional, entre otros actores importantes para el proceso de reforma judicial.
La cooperación internacional brindó su apoyo a la reforma judicial a través de la asistencia de expertos internacionales, visitas para interiorizarse del funcionamiento de los institutos en otros países, y una importante ayuda al proceso de difusión de la reforma judicial en Paraguay.
La reforma judicial se presentó como un proceso histórico para la República, en el cual los tres Poderes del Estado se comprometieron a analizar, debatir y proponer cambios a la organización del sistema judicial. Constituyó la primera iniciativa de reformar el Poder Judicial desde la sanción de la Constitución de 1992 y la creación de los órganos constitucionales para el sistema de selección y remoción de magistrados.
Este informe pretende dar a conocer los hitos más importantes del proceso y poner a disposición de la ciudadanía y de las autoridades el camino recorrido en tres años de labor legislativa para la reforma judicial.
La Constitución de 1992 establece las bases para que el Poder Judicial esté sustentado en los principios de independencia, publicidad, transparencia e idoneidad, acceso igualitario y simplicidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de las grandes transformaciones que ha tenido nuestro país en los últimos años, aún existe una deuda pendiente y resulta necesario adecuar el servicio de administración de justicia al diseño constitucional.
Como diagnóstico de la justicia, se alega que los procedimientos antiguos y su lógica de trámites, su pesada burocracia y su apego a los papeles impiden un espacio judicial nuevo, transparente, abierto, razonablemente rápido y con un nuevo diálogo con la sociedad, modernizando las estructuras de funcionamiento del Poder Judicial a la nueva coyuntura económica y social que vive la República del Paraguay.
Por otro lado, son constantes los reclamos ciudadanos con relación a la mora judicial, la corrupción y la falta de independencia de los jueces. Son los tres temas centrales que Paraguay necesita combatir a fin de avanzar en el acceso a justicia de los sectores más vulnerables y en afianzar la seguridad jurídica para lograr el desarrollo económico sostenible.
En este sentido, la reforma de la justicia constituye el canal apropiado para articular los mecanismos legales hacia los postulados constitucionales, fortalecer las instituciones democráticas y avanzar hacia una mejor administración de justicia para todos los paraguayos.
Los partidos políticos tradicionales, Asociación Nacional Republicana y el Liberal Radical Auténtico sentaron las bases para los primeros acuerdos sobre la necesidad de iniciar un proceso de reforma del sistema judicial.
Seguidamente se unieron los demás partidos y movimientos políticos, Frente Guasu, Avanza País, Unace, PDP, PEN, así como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Por su parte, la Asociación Nacional Republicana envió sus recomendaciones a favor de la reforma judicial y propuso la modificación de algunas leyes importantes del sistema judicial, como el Código de Organización Judicial, la 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, además de la creación de la carrera judicial, entre otras propuestas.
Muchas de las recomendaciones surgidas del Partido Colorado se adoptaron como hoja de ruta oficial de la Comisión, a través del consenso y el acuerdo político de todos los miembros.
Se desarrollaron 120 reuniones de la Comisión de Reforma Judicial desde su funcionamiento en febrero de 2015 hasta el término de su funciones, marzo de 2018.
Activa participación de todos los sectores involucrados
Los proyectos elaborados fueron debatidos con instituciones del sistema judicial, como el Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, Escuela Judicial.
Se dio amplia participación a los gremios, como la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, Colegio de Abogados del Paraguay, Asociación de Agentes Fiscales,
Asociación de Defensores Públicos, Asociación de Funcionarios Judiciales, Asociación de Actuarios Judiciales, Colegio de Escribanos del Paraguay, Orden de Abogados de Alto Paraná, Asociación de Jueces de Paz, Asociación de Jueces, entre otros.
Encuentros de socialización del proceso de reforma judicial
La Comisión de Reforma Judicial participó en más de 15 encuentros de socialización de la reforma judicial, en Asunción, Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Caaguazú.
Encuentros con gremios de abogados, fiscales, defensores públicos, estudiantes de derecho, universidades, gremios de funcionarios públicos. Mesas de análisis con el sector empresarial. Encuentro histórico con 47 representantes de comunidades indígenas del Paraguay y encuentro con embajadores y representantes de la comunidad internacional.
Resultados
La Comisión concluyó el estudio y la elaboración de cinco proyectos de ley:
I. Que organiza la Corte Suprema y establece la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a través de la creación de un órgano de administración.
II. Código de Organización Judicial, reordena el Código vigente que data de 1981, anterior a la Constitución de 1992 y al periodo democrático. Crea juzgados de familia, adopta algunos mecanismos para reducir la recarga de trabajo judicial.
III. Que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, modifica el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados al modelo acusatorio, con la figura de un fiscal acusador, que disminuye las facultades de oficio del JEM actual.
IV. Que organiza el Consejo de la Magistratura y reordena las elecciones de los miembros del CM a través del control del TSJE. Suprime de la ley los procedimientos para selección de ternas, regulando estos procesos en una ley de carrera judicial.
V. Que crea la carrera judicial, establecida en la Constitución de 1992 y jamás reglamentada, establece los procesos transparentes para la selección y promoción de jueces.
Fuente: Comisión Nacional de Reforma.