Reforma judicial

El flamante presidente electo ya dio pistas sobre su posicionamiento ante temas de trascendencia nacional. Lo hizo sobre una línea delgada de intromisión en otro Poder del Estado, al pedir la renuncia de los ministros de la Corte Suprema.

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Tradicionalmente el Poder Ejecutivo y el Legislativo primaron sobre el Judicial.

Es que el Poder Ejecutivo tiene el liderazgo político para impulsar un juicio a los ministros, en tanto que el Legislativo maneja la aprobación del presupuesto de la Justicia y sobre todo los votos.

Es claro que esta Corte Suprema de Justicia tiene un descrédito con la ciudadanía y que un cambio sería lo conveniente.

Pero esta reforma no tiene que ser precisamente producto de un momento político, sino de una cuestión reflexionada.

¿O acaso no hay un juicio político pendiente en el Senado para tres ministros hace tres años? ¿No suena extorsivo que los mismos que hablen ahora de barrer con la Corte son los que vienen atajando el desenlace de ese juicio? 

El cambio en la Corte será bien visto y constituirá un voto favorable del ciudadano hacia las nuevas autoridades electas.

Pero puede ser muy pernicioso si se repite aquello de cambiar para meter en la Justicia un cupo político.

El Ejecutivo y el Legislativo pueden ser protagonistas de una gran reforma judicial si es que ella contempla la independencia de los operadores de la Justicia.

Un cambio real implica colocar a la cabeza del Poder Judicial a los mejores juristas y dejarlos trabajar.

Va mucho más que eso: implica para muchos políticos ponerse la soga al cuello porque con una justicia independiente lo más seguro que les esperaría es la cárcel.

Por eso, nos permitimos nuestras dudas sobre la reforma que pretende impulsar el oficialismo, en cuyas filas hay varios que vienen eludiendo juicios por corrupción.

Sin embargo, es interesante poner este tema en la mesa de discusión porque el momento así lo permite.

En el lapso de un año calendario, a partir de ahora, se irán cinco ministros: cuatro por el cumplimiento de la edad límite para permanecer en el Poder Judicial, a los que se suma la ministra Alicia Pucheta que, salvo cambios de último momento, va directo a la presidencia de la República.

El Ejecutivo y el Legislativo, a través de sus representantes en el Consejo de la Magistratura, tienen que actuar con firmeza y lograr que los mejores estén en las ternas de candidatos.

Pero para eso tiene que enviar a sus mejores hombres ante el Consejo de la Magistratura. Es un chiste que un procesado por la justicia como el caso de Enzo Cardozo, con aval del Senado, elija a futuros magistrados, 

Los políticos tienen tres representantes en el Consejo. Son tres votos que pueden decidir, más todavía si tomamos en cuenta que un postulante para la Corte necesita como mínimo seis de los ocho votos del consejero.

Con una buena terna se forzará al Ejecutivo y al Legislativo a elegir a los mejores, lo que se traduce en honestidad, idoneidad y valentía.

En concreto, la reforma se dará si se deja de lado el mentado pacto político en la Justicia , que no es más que un cuoteo para beneficios de algunos, para dar paso a los mejores juristas.

ocaceres@abc.com.py