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Existen suficientes elementos que evidencian que la adquisición fue fraudulenta.
La empresa San Agustín, vendedora de la finca, desde 2008 tiene prohibición de innovar y contratar que está inscripta en el Registro Público de Comercio. La orden judicial dictada por el juez en lo civil Silvino Delvalle imposibilita que la firma pueda realizar operación alguna, precisamente para salvaguardar los intereses de los acreedores de la quiebra de Carmelo Cabrera (ya fallecido), quien era el verdadero dueño de las acciones de la empresa, en donde colocó como uno de los supuestos accionistas a Lidio Oviedo, padre del senador Jorge Oviedo Matto.
Pese a ese impedimento legal, la operación se realizó y el Indert ya desembolsó G. 46.000 millones de los 60.000 acordados.
La transferencia, atendiendo la prohibición judicial, podría ser anulada, ya que no se cumplió con los requisitos exigidos por la ley.
Lo más grave es que la directora de los Registros Públicos manifestó que el inmueble no se va a poder inscribir a nombre del Indert, debido a la prohibición de innovar y contratar.
Este hecho se podría encuadrar en el delito de lesión de confianza y allí todo apunta al titular del ente agrario, Luis Ortigoza, quien tiene la obligación legal de velar por el patrimonio del Indert, que en este caso se habría visto dañado.
El negociado con la tierra, que se llevó adelante con intervención del poder político, beneficia a esa clase y perjudica al Estado, que una vez más fue saqueado. Ojalá que el hecho no quede impune.
cbenitez@abc.com.py