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Los contribuyentes castigaron así el “blanqueamiento” que recibió de la Fiscalía por el caso de los Caseros de Oro.
La indignación ciudadana contra Ibáñez, exdiputado de Central por la ANR, se inició en noviembre de 2013 cuando una investigación de nuestro diario demostró que inscribió como funcionarios del Congreso a varios empleados particulares de su lujosa quinta en Areguá.
Junto a su esposa, la abogada Lorena Plabst, creó un esquema de robo tanto al erario público como a sus humildes trabajadores, quienes posteriormente se volvieron cómplices.
En diciembre de 2013, Ibáñez fue imputado y en marzo ofreció renunciar a sus fueros con discursos de perseguido político mientras comercios y restaurantes lo escrachaban. Interpuso todo tipo de chicanas jurídicas hasta que en octubre de 2014 la fiscala Victoria Acuña reunió todas las pruebas en su contra.
Pero gracias a su condición de cartista fanático, estuvo a punto de acogerse a la suspensión del procedimiento a cambio de reconocer el delito y hacer una donación.
Ibáñez salió ante las cámaras de televisión a mostrarse como arrepentido. Sin embargo, la indignación ciudadana manifestada en redes sociales de internet forzó a la Fiscalía a salirse del acuerdo. La fiscala Acuña abogó por el juicio oral y público y dijo que no permitiría que la investigación acabe en blanqueo.
Reelecto y blanqueado
Pasaron cuatro años; Ibáñez se cambió a la disidencia y fue reelecto gracias a la lista sabana. Mientras, el Congreso aprobó una ley de autoblindaje tras la expulsión del senador Óscar González Daher (ANR, cartista).
Por su parte, la fiscala Victoria Acuña, arrastrando una fama de blanqueadora en otros procesos, se vio obligada a dar un cierre al asunto antes de la prescripción de la causa. Desempolvó la propuesta del 2014 y cerró el trato el 11 de julio de 2018 jactándose de que se trató de un “triunfo” de la Fiscalía.
Con todo en contra, un grupo de diputados independientes logró pedir la pérdida de investidura, pero Ibáñez fue salvado gracias a 53 de 80 votos.
Agotada la paciencia, la ciudadanía se organizó para exigir su renuncia y la de otros legisladores procesados. Ante el peligro de arruinar el traspaso de mando y desgastar al gobierno entrante, el presidente electo Mario Abdo Benítez (ANR) lo convence de renunciar.
El exlegislador fue ministro y embajador en la era de Nicanor Duarte Frutos. Su padre, Antonio Ibáñez, también fue ministro del mismo gobierno e igualmente se vio obligado a renunciar por un negociado de corrupción.
El exparlamentario ubicó como funcionarios del congreso a los empleados particulares de su quinta en areguá. se quedaba con los salarios y les pasaba una pequeña fracción. Luego los llevó a la capital y falsificó decenas de hojas de asistencia para impedir la investigación.
Tras cinco años de chicanas, fue blanqueado por la fiscalía a cambio de reconocer el delito y entregar una multa. luego se mostró desafiante y soberbio cuando sus pares lo salvaron de la pérdida de investidura. La ciudadanía salió a las calles y lo forzó a entregar su renuncia.