Estado no protege a periodistas

Según un experto de la Comisión Interamericana de DD.HH., es el Estado el que debe velar por la seguridad de los periodistas, lejos de atacar o impedir su labor. La represión del #31M contra los trabajadores de prensa fue repudiada enfáticamente.

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En los últimos 16 años, 17 periodistas fueron asesinados en nuestro país, incluyendo nuestro compañero de labores Pablo Medina. Y es quizás su caso el que logró un mayor esclarecimiento, gracias a la insistencia a los organismos encargados de las investigaciones. El supuesto autor intelectual más los autores materiales, excepto uno, se encuentran presos.

En este sentido, el uruguayo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que la seguridad de los periodistas debe estar garantizada, en primer término por el Estado. “Hay que destacar el rol del periodista, condenar las agresiones enérgicamente cada vez que suceden (…) El Estado tiene la obligación de protegerlo de forma reforzada por su rol”, señaló, considerando que estos trabajadores en muchos casos deben abordar temas delicados.

Dijo que la prevención debe ser prioridad. “Si tenemos gobiernos que se enfrentan a la prensa (en la región abundan presidentes y ministros que hablan de la prensa como deshonesta). Si un líder señala con el dedo a la prensa como la autora de todos los males, es un llamado a la agresión y a la violencia por parte de los seguidores”, consideró.

 

Por este motivo, señaló que haciendo uso de las instituciones como la Policía y el Ministerio Público, el Estado debe “investigar, sancionar y remover la fuente de ese riesgo. Es decir, si hay amenazas es el momento de investigar a fondo y sancionarlo porque esa es la forma de enviar un mensaje de que no va a quedar impune y que el periodismo es una profesión que tiene su protección judicial”.

En este sentido, señaló que es tiempo de que “el Estado paraguayo forme y establezca un programa de protección a periodistas” considerando que “hay una situación estructural de violencia en algunas zonas del país (como por ejemplo Pedro Juan Caballero, San Pedro o Concepción) que ha sumado 17 asesinatos en los últimos 16 años. No puede ser que estén a merced de su autoseguridad”, cuestionó.

Aclaró que los únicos actores de violencia no son sólo el crimen organizado y la mafia, sino también las propias autoridades. Esta situación no sólo puede darse en el periodismo de investigación, sino también en las coberturas. Un claro ejemplo de esta situación fue lo ocurrido el pasado 31 de marzo, durante las protestas desatadas a raíz la aprobación del proyecto de enmienda constitucional que buscaba la reelección del presidente Horacio Cartes.

Según Lanza, la represión en manifestaciones por parte de fuerzas del orden pueden contribuir como otro factor. “Ahí el Estado se muestra incapaz de asegurar el trabajo periodístico en una situación de polarización social”, señaló. Habló además de otras formas más sutiles de atacar a la prensa, como: someter a juicio por difamación, injuria o calumnia a un periodista; manejo de publicidad oficial, de la frecuencia; la falta de pluralismo; el arreglo entre el Presidente de la República y propietarios de medios de comunicación; la revocación arbitraria de frecuencia cuando el medio es crítico; la aplicación de sanciones civiles exhorbitantes y la falta de acceso a la información; entre otros.

Como medidas -específicamente en relación a la coberturas peligrosas como manifestaciones- sugirió la adopción de protocolos como la capacitación de agentes de la Policía para resguardar el trabajo periodístico, de manera a que no se destruya el material, que no se lo agreda al periodista o que se lo detenga.

En relación a los propios dueños de medios, según dijo, lo ideal sería “claramente proteger a sus periodistas; darle recursos como capacitación, como material para tener una protección adecuada. Como también cuando ocurre este tipo de situaciones, investigar, publicar y empujar a que la justicia le de un trámite prioritario a la violencia contra periodistas”, culminó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había repudiado los actos ocurridos contra periodistas la noche 31 de marzo, como así también hacia dirigentes liberales, autoridades nacionales, registrándose además cientos de detenidos. Tachó de “inaceptable” la represión que sufrieron los trabajadores de prensa, y por la que varios quedaron con heridas de consideración.

Este pronunciamiento se hizo el pasado 26 de mayo, durante una audiencia pública con motivo del 162 periodo de sesiones que el organismo internacional celebró en Buenos Aires.

Marta Escurra, presidenta del Foro de Periodistas del Paraguay (Fopep), había presentado una denuncia por los hechos que dejaron 23 periodistas paraguayos heridos durante las protestas del #31M.

"Nos preocupa la normalización de la agresión", señalaba la compatriota al asegurar que durante los disturbios, que terminaron en el incendio del Congreso y la muerte de un joven, los agentes lanzaron balines de goma que impactaron contra los profesionales.