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Ante estas evidencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió condenar a Paraguay a elaborar una política pública integral en materia de niños en conflicto con la ley y, por otro lado, reparar integralmente a las víctimas del caso asegurando su acceso a la salud y educación, entre otras medidas.
Al no observar avances y más aún con los últimos acontecimientos acaecidos en el ahora llamado Centro Educativo de Itauguá (CEI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés, organización que protege los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA) decidió urgir al Gobierno paraguayo la reparación de estos daños, haciendo cumplir las recomendaciones emitidas hace ya una década por el CIDH.
Al ser consultada al respecto, la ministra de Justicia, Sheila Abed, aseguró que en los últimos años se han producido muchos avances en este sentido, especialmente en cuanto a obligaciones de “hacer” lo dictado por el organismo internacional, que es lo que concierne a dicha cartera estatal. “En las obligaciones de hacer ha habido muy importantes avances, porque ahora tenemos todas las políticas en su lugar”, sentenció.
A su vez, la viceministra de Política Criminal, Carla Bacigaluppo, manifestó que lo concerniente a las indemnizaciones por los daños causados es campo del Ministerio de Hacienda y ya se mantuvieron varias reuniones para tratar el tema. Informó que la recomendación de elaborar un plan integral actualmente ya se aplica y que lo concerniente a adoptar una política, un plan de acción, medidas de capacitación a los agentes y el enfoque socioeducativo o sociocomunitario “ya se viene haciendo de forma gradual. No estamos óptimos, pero damos pasos muy importantes”, indicó en conversación con ABC Color.
Informó que en el Plan de Reforma Penitenciaria referente a los adolescentes son ejes fundamentales los puntos como infraestructura y condiciones de vida, planes de educación y de salud: plan de adicciones, formación integral, talleres de reinserción y un modelo sociocomunitario, entre otros puntos. “Es más, ahora se reacondicionaron todos los pabellones, además de la construcción de nuevo pabellón con 200 plazas”, detalló.
Haciendo alusión a los últimos acontecimientos mencionados en el reclamo del Cejil, en referencia a que en los últimos meses adolescentes resultaron muertos y al menos diez fueron heridos en el mismo correccional, la viceministra aseguró que fueron episodios que ocurrieron por “cuestiones eventuales que lastimosamente no condicen con nuestros esfuerzos”, pues fueron situaciones que detonaron debido a que el encargado no notificó sobre los enfrentamientos internos que se daban entre los adolescentes.
El Ministerio de Justicia prevé demostrar el cumplimiento de esta sentencia con un informe que actualmente es elaborado por Romina Paiva, directora de Derechos Humanos, según indicó Bacigaluppo, para luego agregar que esta respuesta ya fue presentada en el Congreso Nacional, específicamente a la senadora Blanca Fonseca.
Fue noticia además semanas atrás que los menores recluidos en el CEI eran alimentados con “puchero de huesos de pollo”, mientras que las autoridades del penal disfrutaban de otros platos como tallarín. A este respecto, Bacigaluppo informó que luego de la intervención dictada por estas irregularidades “fue presentada una denuncia penal a la Fiscalía”. Esto luego de que los interventores constataron que efectivamente los alimentos no se distribuían de forma equitativa por parte de la Dirección “les daban mejor comida a los guardias que a los chicos, en cuanto a calidad y cantidad”, señaló.
Esta situación motivó que el director haya sido separado de su cargo, abriéndose posteriormente un sumario. La intervención continúa hasta la fecha. Actualmente, el Centro Educativo de Itauguá alberga a 150 adolescentes y, según la secretaria de Estado, “no existe hacinamiento, pues el lugar está preparado para esta cantidad hay plazas”.
Video del motín ocurrido en abril, ocasión en que tres jóvenes fallecieron.