Torturas acalladas tras las rejas

Hablar de casos de tortura en tiempos de democracia resulta inconcebible por las garantías existentes que prohíben hechos que causen severo dolor o sufrimiento, ya sea físico o mental.

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Una semana atrás tomaba estado público una serie de fotografías que evidenciaban tortura en internos del penal Padre Juan Antonio de la Vega de Emboscada, a través de un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Esto a pesar de que el Código Penal en su artículo 309 y su modificatoria (Ley 4.614/12) y concordantes prohíben todo tipo de tortura y la Constitución Nacional hace lo propio, agregando su imprescriptibilidad.

La serie de denuncias hechas por los mismos internos de la Penitenciaría de Emboscada – en cuyo predio funcionan dos penales con diferentes directores- surgen en diciembre del 2013, con hechos de violencia ocurridos el día 6 de ese mes durante una requisa en el Antiguo Penal y son sindicados como principales responsables el propio Hugo Alberto Zarza (director de la otra cárcel que funciona en el lugar: Padre Juan Ignacio de la Vega) junto con tres guardiacárceles.

La denuncia fue radicada el 17 de diciembre, según informó a ABC Color el fiscal encargado del caso, Santiago González Bibolini. Sin embargo, hasta el momento no se tuvieron mayores avances en las investigaciones, pues recién para luego de la Semana Santa están convocadas estas personas para prestar declaración indagatoria, teniendo en cuenta lo dicho por el agente.

“El MNP solicitó reiteradamente al Ministerio Público el desarrollo de sistemas de protección a víctimas de tortura en situación de encierro, sin que el mismo sea desarrollado hasta el momento”, reza un comunicado de la dependencia del Ministerio de Defensa.

González Bibolini sostuvo en este sentido que actualmente analizan qué tipo penal será utilizado en este caso pues en los puntos descriptos –a pesar de haberse registrado patadas y golpes- “no he notado que existan conductas que puedan atribuirse a tortura”, puntualizó.

Estos hechos no salieron a la luz hasta los últimos sucesos en la misma cárcel de Emboscada, socializados a través de un informe presentado y donde se evidenciaban a través de fotografías los malos tratos de los cuales varios internos eran víctimas.

El informe detalla que además de las golpizas recibidas por los reos desde su entrada al recinto penitenciario como una “bienvenida” y como una advertencia para acatar las disposiciones disciplinarias, deben soportar estar encerrados en sus celdas semanas enteras sin salir al patio del penal.

A raíz de esta situación, tomó cartas en el asunto el Ministerio de Justicia con una intervención iniciada el mismo día de la publicación del informe por el Mecanismo -3 de abril- procediendo además a la separación del cargo al director Hugo Zarza, según precisó el pasado martes Francisco Quiñónez, director de Establecimientos Penitenciarios.

Hugo Zarza, en una conversación con este diario, negaba categóricamente los hechos de violencia, no obstante caía en contradicciones al afirmar que los casos puntuales de violencia eran aprovechados por reclusos que se dedican al tráfico de drogas y que estarían siendo afectados en su negocio, pues de los 850 presos, según dijo, al menos 500 son adictos a estupefacientes.

Los reclusos por su parte, según una nota acercada por el abogado Richard Abel Chaparro, defensor de uno de los encarcelados, con 697 firmas admiten falencias “en materia de recreo, hacinamiento, visitas privadas y otros y no en perjuicio de la seguridad interna y del eficiente control” sin señalar explícitamente si son o no víctimas de las torturas denunciadas.

Independientemente a las contradicciones en estos casos, el Gobierno debe realizar aún una ardua tarea para contrarrestar este tipo de situaciones, especialmente en lugares como cárceles, donde denuncias de esta índole son fácilmente acalladas en víctimas sin voz o simplemente ignoradas por la sociedad y más aún en un país marcado por un largo periodo en el que las autoridades hacían uso y abuso del poder para perpetrar hechos deleznables y en detrimento de la dignidad humana.

Por los hechos acaecidos, lamentablemente se evidencia una vez más que perdura en la piel del paraguayo su creencia de que para “corregir” ciertas actitudes no concordantes con “lo que debe ser” el uso de la violencia es una constante.