Diputados, con 200 policías

Casi 200 efectivos policiales están asignados a la seguridad de la Cámara de Diputados y de varios de sus legisladores. En algunos casos, ocho agentes cubren a un legislador. La institución había gastado G. 5.000 millones en guardias privados.

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Mientras a nivel país existe carencia de personal policial para cubrir los puestos en las diferentes comisarías del territorio y responder a las necesidades de seguridad ciudadana, en la Cámara de Diputados existe superpoblación de agentes dedicados a trabajar como escoltas de varios legisladores y algunos no contarían siquiera con un trabajo específico.

Documentos a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que un total de 182 agentes de Policía fueron comisionados a la Cámara de Diputados o al servicio de seguridad de algún legislador de la Cámara Baja.

Del total antes mencionado, 61 agentes figuran como asignados a la Cámara de Diputados, aunque la nómina policial no habla de rol ni función alguna. En la nómina de funcionarios de la Cámara Baja aparecen anotados como comisionados y con la función de “seguridad”.

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Lo llamativo del caso es que el horario que deben cumplir es básicamente de oficina, de acuerdo a la nómina de la Cámara de Diputados: 07:30 a 15:30 y de 11:19:00. Mientras tanto, agentes destinados a la lucha contra el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) permanecen meses prácticamente atrapados en la zona norte de la Región Oriental.

De esos 61 policías asignados a la cobertura de la Cámara de Diputados, un total de 59 pertenecen a los registros de la Agrupación de Seguridad, departamento de la Policía encargado de proveer agentes de seguridad a las diferentes dependencias de la Fuerza del Orden. Uno de ellos pertenece a la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (FOPE) y otra figura a “cargo del departamento de personal”.

Los restantes 121 agentes que figuran asignados a la Cámara de Diputados están distribuidos como guardias de seguridad de 52 legisladores.

Un total de G. 1.183.340.352 gasta el Estado mensualmente para pagar a agentes de la Policía que hacen de guardias de seguridad para los Diputados. De ese total, alrededor de G. 150 millones mensuales provienen de fondos de la Cámara Baja del Poder Legislativo. Es que buena parte de la dotación policial que hace de guardias de seguridad de los legisladores cobran allí una “gratificación especial”, además de los sueldos que perciben en la Policía.

Cabe resaltar que la Cámara de Diputados gastó entre 2010 y 2015 unos G. 5.000 millones en la adjudicación del servicio de guardias de seguridad privada. La última adjudicación tuvo lugar el año pasado y fue por valor de G. 1.320 millones, dinero con el que fue beneficiada la firma Seguridad, Inteligencia y Tecnología del Paraguay (SIT SA.). Si ya se adjudicó el servicio de guardias de seguridad, entonces ¿por qué se asignan tantos efectivos de Policía para el mismo efecto?

De acuerdo a las nóminas oficiales, el que más efectivos policiales tiene asignados para su custodia es el cuestionado diputado colorado por el Alto Paraná, Elio Cabral. Este legislador oficialista tiene a su disposición ocho agentes.

Cabral nunca fue centro de atentado alguno o recibió amenazas como consecuencia del trabajo que desempeña, elementos que podrían justificar el hecho de que el legislador altoparanaense cuente para su guardia personal con más efectivos de los que disponen algunas comisarías del interior del país.

Lejos de eso, sobre Cabral pesan graves cuestionamientos. Por ejemplo, la Dirección de Aduanas emitió el 12 de marzo de 2010, una resolución en la cual se había indicado que el legislador está inhabilitado para ocupar cargos públicos por tres años.

Cabral ocupaba el cargo de director de Aduanas con sede en Ciudad del Este y tuvo esa sanción “por no precautelar los intereses del fisco, entregando dinero (G. 280.800.000) de la institución de forma irregular”. Esta decisión había sido ratificada en 2014 por la Corte Suprema de Justicia.

En 2015, el legislador colorado había sido denunciado por supuestamente haber amenazado de muerte a un despachante de Aduanas a quien previamente le habría aplicado una golpiza.

El diputado que ocupa el segundo lugar entre los que más efectivos de la Policía cuentan a su disposición es el liberal Enrique Antonio Buzarquis, otrora gobernador del departamento de Caaguazú quien posee seis agentes asignados a su seguridad. Sobre el mismo tampoco se conocen atentados o amenazas, como si recibiera su hermano Enrique Salyn mientras ocupaba el cargo de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

Buzarquis fue denunciado por la madre de su hijo por no querer reconocer al pequeño y supuestamente utilizar a la justicia para operar en contra de la mujer.

El tercer lugar es compartido por el colorado Tomás Rivas Benítez (Paraguarí) y el liberal Sergio Rojas Sosa (Central) cada uno con cinco efectivos policiales asignados a su seguridad. Contra ellos tampoco se conoce atentado o amenaza alguna como consecuencia de su labor legislativa.

Rivas, por el contrario, es conocido por los diversos actos de violencia por los cuales fue denunciado, pero, gracias a la política, nunca tuvo problemas en la justicia.

Después llega el diputado Enrique Pereira Thalmann (ANR, Central) con cuatro agentes a su disposición. Este legislador es vinculado a una firma adjudicada para la construcción de viviendas en Ñemby, obra que presentó largos atrasos.

La misma cantidad de agentes tienen a su disposición el titular de la Cámara de Diputados, el colorado Hugo Velázquez; el presidente de la ANR, Pedro Alliana y el liberal Víctor Ríos Ojeda, también pilarense.

El colorado Alsimio Casco Ayala, representante del departamento de Concepción, que sí denunció alguna vez supuestas amenazas de muerte en su contra cuenta con dos agentes de Policía para su custodia. Apenas una cuarta parte de los asignados a su correligionario Cabral.

Los señalados como supuestos “narcodiputados” Bernardo Villalba (ANR, Concepción) y Freddy D’Ecclesiis cuentan con dos agentes de Policía cada uno asignados a su custodia.

Villalba y D’Ecclesiis son dos de los más férreos defensores del procesado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias “Chicharó”; y fueron señalados en el pleno del Senado por supuestamente poseer vínculos con el narcotráfico.

Villalba fue grabado mientras mantenía constantes comunicaciones con el condenado narcotraficante Carlos Antonio Caballero, alias “Capilo”, jefe del peligro grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC). El legislador llegó hasta a pedirle dinero al criminal para su campaña política.

D’Ecclesiis por su parte cuenta con varios familiares vinculados al crimen organizado hasta en Estados Unidos y, según la Senad, mantenía comunicación constante con los miembros del clan Giménez Noguera, familia dedicada al tráfico de estupefacientes desde Bolivia hacia nuestro país.

De los 21.186 efectivos que figuran en la nómina de la Policía Nacional, solamente 8.202 – el 38% del total– prestan servicios en las diferentes comisarías diseminadas por todo el país. El resto cumple tareas administrativas, médicas, integra la banda de músicos o forma parte de grupos especiales para intervenir en la comisión de delitos específicos, como abigeato. La ciudadanía, mientras tanto, vive a merced de los delincuentes que en muchos casos son los mismos uniformados.

De la ya limitada cantidad de efectivos que prestan servicios en las comisarías, casi 200 están asignados a la Cámara de Diputados, institución que ya había comprado servicios de seguridad privada.

juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano

perla.silguero@abc.com.py - @PerlaSilguero

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