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"La decisión de hoy de multar a Sigma-Aldrich demuestra que las empresas no deben ocultar ni proporcionar información engañosa. Esto es vital para la evaluación de un acuerdo, especialmente en el caso de los proyectos de investigación y desarrollo, que son por naturaleza secretos y para los que sólo las partes tienen acceso a la información pertinente", afirmó la vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de Competencia.
En la decisión de hoy, la Comisión concluye que Sigma-Aldrich cometió tres infracciones distintas al proporcionar, deliberadamente o al menos por negligencia, información incorrecta o engañosa.
No obstante, la decisión no tiene ninguna repercusión en la decisión de la Comisión de autorizar la operación, precisó la CE en un comunicado.
El 21 de abril de 2015, Merck notificó a la Comisión su plan para adquirir Sigma-Aldrich. Dos meses después, la Comisión aprobó la propuesta de adquisición sujeta a la desinversión de determinados activos de Sigma-Aldrich, lo que resolvería los problemas de competencia detectados en los mercados de determinados productos químicos de laboratorio.
En el contexto del proceso de desinversión, la Comisión tuvo conocimiento de que un proyecto de innovación, denominado iCap, estaba estrechamente vinculado al negocio desinvertido.
Sin embargo, el proyecto no había sido revelado a la Comisión, que encontró indicios de que el suministro de información incorrecta o engañosa por parte de Sigma-Adrich tenía por objeto evitar la transferencia del proyecto en cuestión al comprador del negocio de desinversión, según la nota.
En julio de 2017, la Comisión dirigió un pliego de cargos a Merck y Sigma-Aldrich, en el que detallaba su opinión preliminar de que tanto Merck como Sigma-Aldrich habían incumplido sus obligaciones procedimentales en virtud del Reglamento de concentraciones.
En junio de 2020, tras oír a las empresas, la Comisión decidió retirar las objeciones contra Merck y dirigió un pliego de cargos suplementario sólo a Sigma-Aldrich por infligir el Reglamento de concentraciones de la Unión Europea (UE).
Ese reglamento obliga a las empresas que participan en una investigación sobre una fusión a facilitar información correcta y no engañosa, ya que es "crucial" para que la Comisión revise las operaciones de manera "oportuna y eficaz", precisó en un comunicado.