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El Salvador se encuentra bajo la mirada del mundo por la decisión del Parlamento de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general Raúl Melara, una acción considerada un golpe al sistema de separación de poderes y duramente criticada por la comunidad internacional.
En medio de esta situación, el presidente del Congreso salvadoreño, Ernesto Castro, convocó para el miércoles a la segunda sesión plenaria en la que, según algunas publicaciones de diputados en redes sociales, se podría buscar la destitución del procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Cuentas.
Con todos ellos -y con los magistrados y el fiscal- el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.
Las preocupaciones de la comunidad internacional por la situación del estado de derecho en El Salvador vienen por la posibilidad de la concentración del poder en el Ejecutivo de Bukele y por el aparente irrespeto a la separaciones de los órganos de Estado.
El partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda), con minoría en la Asamblea Legislativa, señaló hoy que la destitución de los magistrados es un "golpe sin precedente a la democracia" del país.
"Este golpe a la democracia sin precedente representa uno de los más graves atentados contra el sistema constitucional y sumerge al país en una alarmante crisis política y jurídica que amenaza con más abusos, violaciones, excesos, impunidad y persecución política en El Salvador", indicó el FMLN en un comunicado.
El partido opositor calificó como un "golpe de Estado los actos ilegales protagonizados por el presidente Bukele y su grupo parlamentario", Nuevas Ideas (NI) que cuenta 56 diputados de los 84 en el Parlamento.
CONCENTRACIÓN DE PODERES Y RESPETO AL ESTADO DE DERECHO
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre una "alarmante tendencia hacia la concentración de poderes" en El Salvador, después de que el Legislativo nacional destituyera sin el debido proceso a magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general.
Las recientes destituciones "socavan gravemente la democracia y el estado de derecho", al debilitar la separación de poderes, agregó Bachelet.
La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hizo este martes un llamamiento al "respeto al Estado de derecho, la independencia judicial y a la separación de poderes" en El Salvador.
"Hacemos un llamamiento al respeto al Estado de derecho, a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios fundamentales para España, pero también para un país amigo como es El Salvador", aseguró la ministra, quien sigue "atenta" los acontecimientos en el país centroamericano.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, consideró que su Gobierno debe responder a las destituciones de jueces y del fiscal general.
Harris consideró que un poder judicial independiente "es crucial" para una democracia sana y una economía fuerte. "Debemos responder", añadió.
EL PRESIDENTE BUKELE ANUNCIA CADENA NACIONAL
El presidente Bukele brindará este martes una cadena nacional de radio y televisión, según lo anunció en sus redes sociales"
"Invitamos al pueblo salvadoreño a sintonizar la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Hoy martes, a las 8 pm", publicó el mandatario salvadoreño en Twitter sin precisar los temas que serán abordados.
Antes de dicho anuncio, Bukele publicó en Twitter, sin especificar, que "los mismos de siempre amenazando a los diputados de la @BancadaCyan", como se autodenomina el grupo de diputados del partido NI.
"No amenacen: Amenazar es un delito, ninguno ha hecho nada ilegal, al contrario, están corrigiendo sus ilegalidades, ustedes ya no tienen el poder de hacerles nada", escribió.
La tarde de este martes se conoció en las redes de la Corte Suprema que los magistrados votados por la Asamblea, y que diversos juristas consideran que usurpan funciones, estuvieron en una sesión del pleno de dicho órgano.
Esta acción podría considerase una validación de parte del resto de magistrados propietarios de la CSJ hacia los nombramientos cuestionados.