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En lo que va de 2021, las revueltas carcelarias en Ecuador dejan 237 muertos y 166 heridos. En febrero murieron 79 reclusos en amotinamientos simultáneos en cuatro prisiones de tres ciudades.
Las medidas apuntan a descongestionar en algo el sistema carcelario de Ecuador, cuya capacidad es para 30.000 personas y que desde hace varios años afronta una crisis por una superpoblación de 30%, falta de guardias, reducción de presupuesto, corrupción y la guerra entre bandas con vínculos con el narcotráfico mexicano y colombiano.
La Constitución faculta al presidente de la república a conceder indultos, así como a la Asamblea Nacional por motivos humanitarios con el voto de las dos terceras partes (91 de los 137 diputados) .
Un 10% del total de la población carcelaria es extranjera, en su mayoría colombianos y venezolanos.
La administración del presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo pasado, tomó esa decisión tras la revuelta en una cárcel del puerto de Guayaquil el pasado martes, que deja al menos 118 muertos, entre ellos seis decapitados, y 86 heridos.
En esa prisión, con 8.500 personas y un hacinamiento que llega a 60% según cifras oficiales, se desató un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional que se disputan el poder.
Las Fuerzas Armadas señalaron por su parte que se “realiza un control de armas, municiones, explosivos y accesorios en el primer filtro de ingreso y en las vías de acceso y zonas de influencia de los Centros de Rehabilitación Social, empleando medios terrestres, fluviales y aéreos”.