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"Es indignante" puesto que "la ciudad de El Alto no le ha dado el voto para que vaya a golpear mujeres", manifestó este miércoles a Efe la activista social Guadalupe Daza.
Esta es una situación que "no se le puede permitir a ninguna autoridad", añadió.
Los hechos se registraron este fin de semana cuando el concejal del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) Daniel Ramos respondió con golpes de puño y patadas a una mujer que se le acercó a increparlo y que antes le había propinado una cachetada.
Las imágenes de la agresión, que se produjo durante un ampliado regional de ese partido político, fueron registradas y difundidas por redes sociales.
"¡Maleante, maleante, cómo vas a pegar a una mujer!", se escuchó gritar a alguien entre el tumulto cuando el funcionario municipal respondió con golpes a la mujer.
El Concejo Municipal de El Alto decidió llevar el caso a la Comisión de Ética que deberá valorar el tipo de sanción que se le aplicará a Ramos.
Por su parte, el abogado de la mujer que recibió la agresión aseguró que se presentará una denuncia penal contra el concejal en el marco de las normas vigentes que sancionan la violencia hacia las mujeres.
A juicio de Daza, lo que debiera hacer el concejal Ramos es "renunciar" a su cargo para que asuma su suplente o que los miembros de su partido, principalmente las concejalas mujeres, pidan su suspensión.
Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Fredy Mamani Laura, manifestó que el MAS "no socapará" o encubrirá este tipo de hechos y que debe ser la justicia la que debe definir las responsabilidades.
La Fiscalía de Bolivia ha cuantificado 39.554 casos de delitos procesados en las que las mujeres son víctimas entre enero y noviembre de 2021.
En Bolivia, uno de los países más violentos para las mujeres, está vigente desde 2013 la ley 348 que define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona.
La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales. En el ámbito mundial, solo el 40 % de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.