Los acuerdos de 1992, la roca que cimentó la democracia actual de El Salvador

Hugo Sánchez San Salvador, 15 ene (EFE).- El Salvador le debe a la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 las reformas institucionales y legales sobre las que se ha mantenido su democracia, principalmente la sumisión del Ejército a las autoridades civiles, por lo que a 30 años de su firma se consideran un "patrimonio invaluable".

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Antes y durante la guerra civil (1980-1992), la historia del país centroamericano estuvo marcada por una dictadura militar mantenida sobre fraudes electorales, golpes de Estado y matanzas.

Tras la firma de los acuerdos, en México, el país entró a una etapa, a juicio del ex procurador de Derechos Humanos David Morales, inédita.

"Suponen un antes y un después en la historia salvadoreña del siglo XX", dijo Morales a Efe y recordó que El Salvador venía de "regímenes represivos en extremo, un genocidio en los años 30 y luego la explosión de un conflicto armado".

En ese contexto llegaron "gobiernos contrainsurgentes que realizaron reformas que impusieron a sangre y fuego, con masacres, desapariciones forzadas y bajo un predominio militar muy claro a lo largo de la década del conflicto".

La guerra civil salvadoreña enfrentó al Ejército, financiado por los Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido de izquierda en la oposición.

Los 12 años de guerra dejaron 75.000 muertos y entre 8.000 y 10.000 desaparecidos. Las víctimas de los crímenes de lesa humanidad aún buscan Justicia.

"Definitivamente son un patrimonio invaluable del pueblo de El Salvador" y "generaron un legado para posibilitar la democratización", subrayó Morales.

REFORMAS MILITARES

El armisticio firmado por las partes en combate estableció una reforma militar y policial. Esto incluía un cambio en la doctrina del Ejército, la reducción de las tropas, su depuración, su exclusión de las labores de seguridad ciudadanas y la sumisión al poder civil.

"La Fuerza Armada desmontó estructuras de represión" y "se disolvieron las estructuras paramilitares", lo que fue "un componente complejo, pero bastante exitoso", apuntó Morales.

Tras el final de la guerra, se disolvieron los cuerpos policiales de carácter militar y se fundó la Policía Nacional Civil (PNC).

Sin embargo, las organizaciones sociales han señalado a lo largo de la posguerra la violación del acuerdo de desmilitarizar la seguridad ciudadana con el creciente uso del Ejército para patrullar las calles, al grado que en la actualidad su presencia es casi permanente.

También señalan que el cuerpo de seguridad ha estado bajo la dirección de participantes en la guerra y de cometer abusos, como ejecuciones extrajudiciales.

REFORMAS POLÍTICAS, LA GUERRILLA FUE A LAS URNAS

El cierre de espacios políticos para los ciudadanos se cuenta entre los factores que llevaron a la guerra, por lo que la incorporación del FMLN a la vida política también abonó al desmontaje del conflicto armado.

El FMLN participó en elecciones desde 1994 y gobernó El Salvador entre 2009 y 2019, pero los casos de corrupción asociados al instituto político lo llevaron a un declive electoral.

Actualmente únicamente posee 4 diputados de los 84 diputados en la Asamblea Legislativa.

La reforma constitucional que se dio con la paz también permitió crear un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) que está formado por representantes de los principales partidos, y sus actuaciones, según señalan los analistas, se basan en la desconfianza entre todos.

"Desde la firma de los Acuerdos de Paz, los procesos electorales han tenido estándares de limpieza suficientes" para ser consideradas "legitimas", apuntó Morales, miembro de la organización humanitaria Cristosal y abogado de los sobrevivientes de la masacre de El Mozote, en la que el Ejército ejecutó a 1.000 civiles desarmados en 1981.

LA DEFENSA DE LOS DDHH

Además de la PNC, los Acuerdos de Paz de 1992 dieron luz a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para "garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos", como reza el documento de la paz.

Su fin inicial era el de ayudar a "identificar y de erradicar cualesquiera grupos que practiquen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, especialmente la detención arbitraria, los secuestros y el ajustamiento".

Empero, durante la existencia de esta instancia se ha señalado que no tiene herramientas para obligar a los agentes estatales al respeto de los DDHH.

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