Ordenan a Japón indemnizar a un brasileño que sufrió lesiones bajo detención

Tokio, 24 jun (EFE).- Un tribunal nipón ha ordenado al Estado japonés a indemnizar a un brasileño que sufrió lesiones tras ser sujetado por la fuerza mientras permanecía arrestado en un centro de detención de inmigración en Tokio en 2018.

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El Tribunal de Distrito de Tokio dictaminó que la forma empleada por los funcionarios del centro era ilegal y ordenó al Gobierno pagar 100.000 yenes (unos 700 euros) en concepto de daños y perjuicios al demandante, Andre Kussunoki, de 35 años, según la sentencia de la víspera, recogida por la agencia de noticias Kyodo.

Kussunoki sufrió una lesión del manguito de los rotadores del brazo izquierdo mientras se resistía a ser trasladado a otro centro.

Durante el episodio, acontecido el 9 de octubre de 2018, seis agentes de inmigración lo sacaron por la fuerza del baño en el que se había encerrado tras negarse a acatar una orden de traslado que no se le justificó a un centro en Ushiku, al noreste de Tokio. El hombre fue derribado sobre el estómago y esposado por la espalda.

Kussunoki demandó al Estado en 2019 buscando una compensación de 5 millones de yenes (unos 35.240 euros), alegando que tal acción era innecesaria y la restricción ejercida equivalía a una agresión.

En el fallo judicial, el juez que presidía el tribunal, Ryota Shimozawa, consideró que la indemnización por daños era "apropiada" dado el peligro que ese tipo de restricción puede acarrear y el miedo y la humillación que sentía el demandante "por no ser respectado como ser humano", según el texto recogido por Kyodo.

La Agencia de Servicios de Inmigración japonesa, que alegaba que la sujeción se produjo empleando la fuerza física "razonablemente mínima necesaria", dijo que tomará "medidas apropiadas" tras examinarla con más detenimiento la sentencia.

En los centros de detención de inmigrantes de Japón se retiene a personas cuyos visados han expirado o que han recibido una orden de deportación, entre otras razones.

Muchas de estas personas han residido en el país durante décadas y tienen familia y descendencia en él, lo que dificulta su regreso a sus países de origen.

Los casos de denuncias públicas de personas que sufrieron lesiones mientras estaban siendo inmovilizadas en este tipo de instalaciones en el país asiático han aumentado en años recientes.

El tratamiento de estos detenidos está llamando más la atención desde la muerte en marzo de 2021 de la esrilanquesa Ratnayake Liyanage Wishma Sandamali a los 33 años bajo custodia de las autoridades migratorias tras negársele acceso a tratamiento médico tras haberse quejado de dolores durante más de un mes.

La fiscalía retiró la semana pasada los cargos presentados contra 13 altos funcionarios del centro donde estaba la mujer, alegando que no podían determinar que no le brindaron la atención adecuada.

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