El Gobierno boliviano defiende la elección del defensor del Pueblo

La Paz, 23 sep (EFE).- El Gobierno de Luis Arce defendió este viernes los procedimientos seguidos por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) para cambiar la agenda parlamentaria y elegir al nuevo defensor del Pueblo de Bolivia en ausencia de varios parlamentarios opositores que estaban con licencia.

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El ministro de Justicia, Iván Lima, publicó en sus cuentas oficiales en redes sociales una serie de mensajes en los que aseguró, entre otros, que el reglamento del Legislativo permite a la "mayoría calificada" de sus asistentes hacer el cambio del "orden del día" en las sesiones parlamentarias.

"Presentamos el Informe País al Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Nos cuestionaron la falta de elección de un defensor del Pueblo, ahora responderemos que ya cumplimos con esa obligación con la elección de Pedro Callisaya", mencionó Lima.

También recordó que una "acción de cumplimiento", cuestionada en su momento por la oposición y que ahora está en revisión en el Tribunal Constitucional, "exigía" que el Legislativo "de manera inmediata, cumpla con su obligación constitucional de elegir un Defensor titular".

Lima acusó al expresidente Carlos Mesa y al gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, líderes de las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, respectivamente, de determinar "un bloqueo a la Constitución" para frenar la elección del defensor.

"Su irresponsable estrategia de quitar institucionalidad al país fracasa nuevamente", sostuvo el ministro, quien también replicó a las críticas de Mesa sobre la elección del defensor asegurando que el exmandatario desconoce "las reglas de la democracia" y que "solo le quedó mentir y justificar a sus asambleístas que no van a trabajar".

Además, publicó el listado de los parlamentarios que habían solicitado licencia para ausentarse en la sesión de esta jornada instando a sus seguidores a analizar "las causas por las que los asambleístas asumen ser una casta privilegiada que trabaja cuando quiere y no cumple sus obligaciones".

"Podrían habilitar suplentes pero sin duda su responsabilidad política con el país y sus regiones no existe", agregó.

EXPLICACIONES OFICIALISTAS

De los 166 parlamentarios que conforman la Asamblea Legislativa boliviana, 34 se encontraban con licencia por distintas causas, dos de ellos oficialistas y el resto opositores, según el documento publicado por Lima.

Los opositores denunciaron una "manipulación" del MAS para concretar la elección del nuevo defensor aprovechando que varios pidieron licencia previamente para asistir a los actos por la efemérides de Santa Cruz.

El candidato Pedro Callisaya fue elegido con 95 de los 97 votos emitidos en una accidentada sesión liderada por el titular de la Cámara de Diputados, el oficialista Freddy Mamani Laura, que también justificó el proceder de su partido asegurando que fue "en apego" a normas como la Constitución y los reglamentos parlamentarios.

Según el legislador, 128 senadores y diputados asistieron a la sesión y el cambio de la agenda para incluir la elección del defensor fue propuesto por el diputado del MAS Juan José Jáuregui.

"Se ha elegido a la persona que obtuvo el mayor puntaje en el proceso de selección y quiero felicitar al hermano Callisaya que ha sido nombrado como defensor del Pueblo de Bolivia", sostuvo el parlamentario y calificó este hecho de "buenas nuevas" para el "pueblo boliviano".

Los parlamentarios opositores asistentes se abstuvieron de votar y anunciaron que denunciarán ante instancias nacionales e internacionales lo ocurrido. La Constitución boliviana señala que el Parlamento debe elegir al defensor del Pueblo con dos tercios de la votación.

El partido del presidente Luis Arce tiene la mayoría en el Parlamento, pero no los dos tercios.

La elección del defensor del Pueblo fracasó en cinco oportunidades previas desde mayo debido a la negativa opositora de respaldar al candidato apoyado mayoritariamente por el oficialismo, al que los detractores del Gobierno señalan de responder a los intereses del MAS.

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