Congreso salvadoreño aprueba ley de compras entre señalamientos de oposición

San Salvador, 25 ene (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, con amplía mayoría oficialista, aprobó el miércoles una nueva Ley de Compras Públicas entre críticas de la oposición por supuestamente legalizar "malas prácticas" atribuidas al actual Gobierno.

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Con 66 votos de los 84 diputados, el Órgano Legislativo aprobó la normativa que, según su texto, establece las "normas básicas que regularán el ciclo de la compra pública" y sustituye la Ley de Compras y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP).

La legisladora Claudia Ortiz, del partido Vamos, dijo a periodistas que "la nueva forma de abusar de los recursos públicos ha sido a través de las compras del Estado, como en la pandemia".

"Lo que estamos viendo es la legalización de la vivienada (aprovechamiento) que hemos visto en malas prácticas en compras y contratos públicos en años anteriores de esta Administración", sostuvo.

Rodrigo Ávila, diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), lamentó que la ley no expresa una "prohibición concreta" de que los funcionarios participen y ganen contratos con el Estado.

Por su parte, Numan Salgado, legislador de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), defendió la nueva legislación y aseguró que la ley derogada protegía "los intereses de los empresarios que toda la vida se beneficiaron de los contratos públicos".

Agregó que "ahora se libera esa situación" y que "va a ser la oferta y la demanda, y la transparencia" la que supuestamente prevalecerán.

Diversos sectores han criticado que el Congreso, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, ha autorizado que algunos proyectos se realicen sin los filtros que la ley LACAP establecía.

El 12 de enero, la organización no gubernamental Cristosal pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional tres leyes que "favorecen la corrupción" en El Salvador en obras de infraestructura promovidas por el Gobierno de Bukele.

Se trata de leyes relacionadas con los proyectos del Tren del Pacífico, Aeropuerto Internacional del Pacífico y de la construcción de cárceles.

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