"Hoy hemos firmado una adenda a la Asociación de Migración y Desarrollo Económico, que ampliará la prestación de apoyo a las personas que sean reubicadas a Ruanda", señaló este sábado Braverman sin ofrecer más detalles.

La ministra hizo el anuncio durante una rueda de prensa en la capital ruandesa, donde permanecerá hasta este domingo, según recogieron a última hora de ayer medios locales.

"Esta innovadora alianza representa un avance importante en nuestros esfuerzos para hacer frente a la inmigración irregular y nos satisface trabajar estrechamente con el Reino Unido en esto", dijo por su lado su homólogo ruandés, Vincent Biruta.

"El Reino Unido está invirtiendo en la capacidad de Ruanda para ofrecer mejores oportunidades para los migrantes y para los ruandeses también", añadió.

Según Biruta, el plan "ayudará a desmantelar las redes criminales de tráfico de personas", el argumento en el que ambos países han insistido desde que se dio a conocer el programa.

Bajo los planes del Ejecutivo de Londres, personas que lleguen a suelo británico de manera irregular serán enviadas a Ruanda, que procesará sus solicitudes de asilo y decidirá si les ofrece refugio durante cinco años o bien les obliga a abandonar el país.

El Gobierno quería enviar a Ruanda a los primeros solicitantes de asilo el pasado 14 de junio, pero diversos procesos judiciales han evitado hasta ahora esas deportaciones.

El acuerdo ha sido fuertemente criticado por organizaciones proderechos humanos, al considerar que viola el derecho internacional, en concreto la Convención de 1951 sobre Refugiados.

Asimismo, advierten que Ruanda, donde gobierna el Frente Patriótico Ruandés (RPF), no es un país seguro porque reprime, tortura y asesina a opositores, periodistas y activistas.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre el Tribunal Superior de Londres dictaminó que el plan es legal, si bien puntualizó que las autoridades británicas deben "considerar adecuadamente" las circunstancias de cada demandante individual.

A mediados de enero, la Justicia británica dio luz verde a que la Corte de Apelación revise la sentencia, lo que significa que el Ministerio de Interior no fletará de forma inmediata los primeros aviones para deportar a migrantes.