"Para la transparencia en las adquisiciones y los contratos, los funcionarios y trabajadores de los ministerios y las administraciones de los Emiratos Islámicos tienen prohibido participar en las licitaciones de contratos y adquisiciones", indicó en una misiva la oficina administrativa del líder supremo de los fundamentalistas, Mawlawi Hibatullah Akhundzada.

La orden se extiende a todos los funcionarios públicos, incluidos gobernadores nacionales y provinciales interesados en colaborar en procesos relacionados con "la adquisición de bienes, la prestación de servicios, la extracción de minas y todos los demás procesos de licitación como licitadores", precisa el comunicado.

Este decreto llega tras las amplias críticas que ha recibido el gobierno de los talibanes desde su llegada al poder, en agosto de 2021, por dar prioridad a importantes funcionarios talibanes en algunos contratos públicos.

"Desde hace un año estamos siendo testigos de que el gobierno talibán prioriza a sus miembros para otorgar contratos en diferentes ministerios en función de la relación política, el nepotismo y el favoritismo grupal", dijo a EFE el analista económico afgano Noorullah Azizi.

En este sentido, la normativa es vista como un paso positivo para mejorar los niveles de transparencia en Afganistán, un país que se ha caracterizado por décadas, incluso antes de la llegada de los talibanes en agosto de 2021, por ofrecer escasas garantías lícitas para gobernar.

La corrupción de los funcionarios y el uso indebido de los bienes del Estado fue una de las principales críticas hechas al depuesto Gobierno de Afganistán por la comunidad internacional y los afganos.

La medida, aun así, precisa de algunas mejoras, ya que "no ayudará a la transparencia en el proceso de contratación nacional si no se aplican un enfoque y criterios bien profesionales y estandarizados en el proceso de contratación", declaró a EFE Ahmad Khalid Ahmadzai, especialista en adquisiciones.