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En un comunicado publicado este lunes, con ocasión de este segundo aniversario de la recomendación, RSF señala que en España tampoco existe ninguna formación y ninguna estrategia de reducción de riesgos para los periodistas que cubren manifestaciones.
La organización ha hecho una evaluación, en una muestra de diez países de la Unión Europea (Alemania, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Polonia, Eslovaquia y Suecia), sobre el cumplimiento de esa recomendación, y su conclusión es que son muy pocas las medidas en los que ha definido como sus cuatro ejes prioritarios.
Esos ejes son el avance en las investigaciones de crímenes cometidos contra periodistas; la cooperación entre las autoridades y la profesión; la asistencia a los reporteros amenazados; y la movilización de las autoridades por la seguridad de los informadores que cubren manifestaciones.
Una vez contactados los gobiernos de esos diez países, sólo tres (el búlgaro, el polaco y el eslovaco) se han comprometido a adoptar nuevas decisiones.
Por eso el responsable para la UE de Reporteros, Pavol Szalai, considera que "no hay nada que celebrar" y lamenta que las autoridades nacionales "no hayan sacado más que pocas lecciones" de los cuatro asesinatos de periodistas entre 2017 y 2021 que motivaron la recomendación.
Fueron Daphne Caruana Galicia en Malta, Jan Kuciak en Eslovaquia, Giorgos Karaivaz en Grecia y Peter R. de Vries en Países Bajos.
En su evaluación, RSF Reconoce que España, como Alemania, Francia y Suecia, respetan "en gran medida" el principio de llevar a cabo investigaciones de crímenes contra periodistas de forma imparcial, independiente, eficaz y transparente.
También que España, como Francia, Grecia o Eslovaquia, son algunos de los que han puesto en marcha o apoyado dispositivos de cooperación entre las autoridades y los periodistas para mejorar la seguridad de éstos.