La semana pasada la alta corte condenó a los tres primeros acusados a penas de entre 14 y 17 años de prisión, por delitos como golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho y daños calificados, entre otros delitos.
El primer juicio virtual, en el que los magistrados pueden votar de forma telemática, sin necesidad de leer su argumentación, se celebrará entre los próximos 26 de septiembre y el 2 de octubre, y se refiere a la causa de Moacir José dos Santos, uno de los acusados de participar en el asalto a la sede de los tres poderes.
El Supremo no ha decidido todavía si hará juicios virtuales o presenciales en el resto de procesos, en los que se dirime la responsabilidad individual de cada uno de los implicados en la asonada del 8 de enero.
La fiscalía ha presentado cargos penales contra 232 personas por su supuesta implicación directa en el ataque a las sedes de la Presidencia, del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo.
En total, hay 1.390 imputados en la causa, aunque el Supremo ha autorizado a la fiscalía a negociar acuerdos de no persecución penal con los cerca de 1.100 implicados contra los que no hay pruebas de su participación directa en los ataques.
La mayoría de ellos fueron arrestados en un campamento montado en Brasilia por radicales de extrema derecha tras las elecciones de octubre de 2022, para contestar la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente a su antecesor, Jair Bolsonaro.
El 8 de enero, miles de esos bolsonaristas que estaban acampados en Brasilia y otros llegados desde otras ciudades del país asaltaron de forma coordinada las sedes de los tres poderes, en un intento de forzar un golpe de Estado para derrocar a Lula, que había asumido el poder ocho días antes.
El Supremo también investiga si Bolsonaro, quien no reconoció el resultado de los comicios, incentivó a los grupos radicales que le apoyan a realizar el asalto.