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Así lo confirmó a la Agencia EFE una fuente de la Fiscalía quien detalló desde el organismo se solicitó el archivo del caso así como el sobreseimiento de estas personas quienes fueron imputadas "por abuso sexual especialmente agravado".
Sin embargo, detalló que sobre uno de los implicados continúa un proceso de investigación por haber compartido "material de carácter sexual" sin el consentimiento de la víctima.
En tanto, según detalla el diario local El País, la defensa de los acusados reclamará por la privación de libertad “indebida” de los jóvenes y no presentarán cargos contra la denunciante,
El pasado 23 de enero, una mujer de 30 años denunció haber sido víctima de una violación grupal en Montevideo, tras haber conocido a un hombre en un bar e ir a su apartamento para mantener relaciones sexuales con él.
Según la víctima, otros dos hombres entraron en el lugar y entre los tres la violaron, versión ratificada por la pericia forense cuando la mujer fue atendida por las emergencias y denunció el ataque.
Por el caso fueron detenidos tres hombres, uno de ellos menor de edad, aunque puestos en libertad bajo la única obligación de estar localizados en su domicilio.
Posteriormente, se incluyó a un cuarto hombre bajo investigación.
En el marco de esa declaración, el letrado aportó unos vídeos grabados por sus defendidos durante las, según su versión, relaciones sexuales consentidas.
Antes de llegar a la Justicia, el audio de estos vídeos fue filtrado y difundido por una emisora de radio en un programa que dejó instalada en el debate público la versión de que fue una relación consensuada.
En este sentido, el Fiscal de Corte, Juan Gómez, actuó de oficio por posible vulneración del artículo 92 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, que prohíbe divulgar contenido íntimo de índole sexual sin consentimiento de las personas involucradas.
El caso ha despertado una gran expectativa en Uruguay en medio de reclamaciones de los colectivos feministas por lo que consideran falta de recursos para la atención de delitos sexuales y que organizaron una marcha el 28 de enero "contra la cultura de la violación".