Denuncian que Ingrid Betancourt no puede volver a Colombia por falta de seguridad

Bogotá, 19 nov (EFE).-La excandidata presidencial Ingrid Betancourt no ha podido regresa a Colombia "por falta de un esquema de seguridad acorde a su nivel de riesgo, denunció este domingo su partido, Oxígeno Verde, que se sumó a la solicitud al Gobierno de revisar el retiro de la protección a personas que la necesitan.

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En este contexto, el partido opositor denunció que "las pocas garantías otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Gobierno de (Gustavo) Petro" a Betancourt "además de ser las medidas de seguridad más bajas de los últimos años, contrastan con el incremento de la violencia política en Colombia y el aumento en los mensajes de odio e intimidaciones".

Por eso, la formación hizo un llamado al Gobierno para que "incremente las medidas de seguridad" de Betancourt, que permaneció más de seis años secuestrada por las FARC, y de "todos los voceros de la oposición política", quienes deben tener "garantías reales y efectivas para participar en el ejercicio democrático en Colombia".

Según agregó la información, ya desde agosto se hizo la petición a la UNP de que asignaran un esquema de seguridad para la excandidata.

El pasado viernes la Defensoría del Pueblo le solicitó al Gobierno revisar con detenimiento el retiro de esquemas de seguridad, pues es una decisión que está afectando a personas en riesgo y consideradas de especial protección por el Estado.

"Hemos recibido quejas, muchas de ellas han sido corroboradas en el monitoreo y advertencias de nuestro Sistema de Alertas Tempranas, así como por los comités de protección en los que participamos como miembros permanentes. En las quejas nos han señalado que el riesgo persiste", afirmó el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.

La Defensoría comprobó que han sido retirados esquemas de protección a servidores o exservidores públicos, líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de grupos políticos y de oposición, sindicalistas, periodistas y personas que requieren especial protección del Estado.

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