/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/MOAP76XDJFEHLLTLQPIEIIZQZI.jpg)
Cargando...
Coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia, la ONG criticó al Estado belga por la falta de adopción de medidas legislativas para terminar con el uso de la violencia física y psíquica en la enseñanza.
"Más de 65 países han decidido proteger a los niños adoptando una ley contra la violencia en la educación. Bélgica, todavía no. Sin embargo, el 85 % de la población piensa que sería positivo. No se trata de enviar a la gente a prisión por una bofetada, sino de transmitir el mensaje: los niños tienen derecho a crecer sin violencia", señaló la ONG en un comunicado.
En particular, la organización tiene previsto denunciar al Estado belga por "no haber prohibido por ley los castigos corporales y otras formas de trato degradante a los niños en el contexto de la educación", explicó la agencia Belga.
Durante la presente legislatura el Parlamento federal ha debatido, sin éxito, dos propuestas legislativas.
La ONG que denuncia estos hechos ya advirtió hace unos meses de que recurriría a la justicia en caso de no ver avances.
En particular, la asociación llevará esta semana al Estado y a su ministro de Justicia, Paul Van Tigchelt, ante el tribunal de primera instancia de Bruselas.
"Se trata de una acción responsabilidad del Estado que, si bien tiene la obligación de adoptar una legislación que regule la violencia en el contexto familiar, no lo hace", dijo por su parte el director de DEI-Bélgica, Benoît Van Keirsbilck.
"El expediente está completamente bloqueado", lamentó.
Anna Rodríguez, miembro de la misma ONG, explicó al diario Le Soir que el Estado belga "ha sido llamado al orden en numerosas ocasiones por no respetar los compromisos internacionales a los que está obligado", incluida la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El mismo diario recordó que pese a carecer de una normativa específica, "Bélgica no es totalmente permisiva en estas cuestiones: las disposiciones del Código Civil y Penal e incluso la Constitución permiten perseguir ciertos comportamientos violentos".
Sin embargo, para los especialistas la ley "es demasiado vaga y demasiado sujeta a interpretación o incluso a arbitrariedad para ser suficientemente eficaz", añadió Le Soir.