"Lo que ha hecho el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, es convertirse nuevamente en un político del Ministerio Público. Ha deshonrado a la institución con una denuncia con ese contenido, estamos absolutamente alarmados", dijo a la prensa el abogado defensor de la presidenta, Juan Carlos Portugal.
En este sentido, añadió que la Academia tendría que estar también alarmada "por la orfandad intelectual" que muestra la imputación por homicidio calificado en contra de su clienta y el resto de investigados.
Este martes, el fiscal general de Perú presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y seis exministros por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, entre otros cargos, a raíz de los muertos y heridos en las protestas antigubernamentales que dejaron 44 muertos y 116 heridos en nueve regiones del país, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada.
"Estoy absolutamente convencido de que el Congreso va a rechazar esa denuncia", señaló Portugal.
La defensa de Boluarte sostuvo que el Ministerio Público archivó la denuncia constitucional por genocidio "por la inexistencia del dolo, intención de crear muertes o lesiones contra ciudadanos peruanos", pero, sin embargo, en la denuncia por homicidio "hace uso del síndrome de la tensión selectiva y olvida la construcción argumentativa" de dicho delito.
Agregó que la denuncia confunde a la sociedad, distrae del foco de atención y no construye jurídicamente el caso.
Y que esta omite detalles "absolutamente determinantes" como elementos fácticos, normativos y probatorios que demuestren la intención de Boluarte "de ejecutar peruanos".
Entre los fallecidos hay 41 víctimas por proyectil de arma de fuego y tres por golpes con objeto contundente, además hubo 78 heridos por arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos.
Los exministros denunciados son Pedro Angulo y Alberto Otárola, en su condición de presidentes del Consejo de Ministros, así como el mismo Otárola y Jorge Chávez como titulares de Defensa; y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero como ministros del Interior.
