Es "un reconocimiento de la voz del país y del trabajo realizado a nivel diplomático", dijo a EFE la ministra de Exteriores centroafricana, Sylvie Baïpo Temon.
"La diplomacia escuchó la voz de la República Centroafricana y logró llegar a un acuerdo", expresó Baïpo, que consideró la sanción "injusta" a la vista de "todos los esfuerzos" del país.
No obstante, el Consejo de Seguridad pidió a los Estados que no proporcionen armas a los rebeldes que aún están activos en el país.
La oposición y la sociedad civil también recibieron con satisfacción el levantamiento del embargo, que el opositor Martin Ziguélé, ex primer ministro y presidente del Movimiento de Liberación del Pueblo Centroafricano (MLPC, en francés), definió en declaraciones a EFE como una "muy buena noticia".
Aun así, insistió en que hay que ir más allá y "hacer un balance de la ley de programación militar votada por los diputados con miras a dotar de cuarteles al Ejército".
Líderes de la sociedad civil en el país, como Paul Crescent Béninga, aseguraron a EFE que "siempre es motivo de alegría cuando un acto tiende a consolidar la paz mediante el fortalecimiento de la capacidad del Ejército".
La RCA sufre una violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka- tomó Bangui y derrocó al presidente centroafricano, François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), con lo que comenzó una guerra civil.
Como resistencia a los ataques de los Séléka se formaron milicias cristianas anti-Balaka que, como el primer grupo, terminaron divididos en varias facciones armadas.
Todavía dos tercios del país -rico en diamantes, uranio y oro- están controlados por milicias y, según la ONU, cerca de 500.000 personas están desplazadas internamente.
Centenares de mercenarios rusos han llegado a la RCA desde 2018, cuando los gobiernos de los dos países firmaron un acuerdo bilateral de cooperación militar, según las investigaciones de expertos de la ONU.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rigths Watch (HRW) y organismos internacionales han acusado a esos mercenarios, incluyendo miembros del Grupo Wagner, de cometer abusos y asesinatos contra la población centroafricana.
