Ingrid Escobar, directora del SJH, indicó que se trata de Geovanni Antonio Aguirre López, quien era sindicalista de la alcaldía de la capital San Salvador y fue detenido en mayo de 2022 "de manera ilegal y arbitraria" días después de asistir a una marcha.
La abogada Jayme Magaña indicó que el detenido posee carta de libertad y lamentó que desconocen si "sigue con vida", por lo que la denuncia es por una desaparición.
Explicó que este caso fue presentado ante las Naciones Unidas y que es parte de varios casos de "detenidos inocentes del régimen de excepción" cuyo paradero desconocen sus familias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó el miércoles a El Salvador a brindar una "reparación integral" a las víctimas de presuntos atropellos en el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales.
En su informe de país "Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador", la CIDH recomendó las medidas de reparación y "garantías de no repetición".
La CIDH encomendó "elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción", indicó el organismo.
Apuntó que esta recomendación se da ante "las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como de otras violaciones de derechos en las instancias de administración de justicia y espacios de privación de la libertad".
La medida se ha extendido en 30 ocasiones por períodos de 30 días y ha dejado la detención de más de 81.900 personas, de las que se han libertado más de 7.000.
Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Investigaciones del medio local El Faro señalan que el alza de asesinatos que dio pie al régimen de excepción se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.