En un comunicado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) valida el desestimiento al apreciar "circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del oferente que hacen que la oferta no pueda realizarse o resulte manifiesta su inviabilidad", como consecuencia del acuerdo adoptado por el Ejecutivo español.
El Gobierno ratificó el 27 de agosto la posición de la Junta de Inversiones Exteriores (órgano multiministerial encabezado por el Ministerio de Economía) en contra de la opa por razones "insalvables" de seguridad nacional.
Éstas no fueron desveladas por el Gobierno, que declaró clasificada la información de este caso.
A continuación, Ganz Mavag retiró la opa, de 620 millones de euros, para controlar completamente la empresa española.
No obstante, el grupo húngaro tiene intención de interponer un recurso en el Tribunal Supremo español contra el veto, "instando su nulidad y la indemnización de todos los daños y perjuicios causados".
En su opinión, la decisión de las autoridades españolas "carece de la más mínima motivación y produce al oferente la más absoluta indefensión".
El grupo también dejó abierta la posibilidad de emprender "todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea".