El acalde de la ciudad, el conservador José Luis Martínez-Almeida, anunció este jueves en una conferencia de prensa que ha instado al delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a revocar las autorizaciones concedidas en su momento.
Según Almeida, el consistorio había establecido una serie de requerimientos para que las compañías prestaran un servicio basado en la tecnología, con la instalación de dispositivos GPS para garantizar que los vehículos se aparcan en las zonas acordadas, y con la seguridad vial, con la prohibición de circular en determinados lugares.
El alcalde resaltó que la decisión pretende preservar la integridad física de los peatones, fundamentalmente de las personas mayores, y avanzó que el gobierno municipal espera retirar estos vehículos de movilidad personal a partir de octubre.
Almeida aclaró que esto no afectará a los usuarios de patinetes particulares, que podrán seguir circulando según la normativa que regula este medio de transporte, ni a los de Bicimad (alquiler público de bicicletas eléctricas).
Una vez iniciado el proceso de revocación de las autorizaciones, las empresas de alquiler de patinetes tienen 20 días naturales para presentar alegaciones.
El 3 de mayo de 2023, el Ayuntamiento de Madrid inició un nuevo modelo de alquiler de patinetes eléctricos tras un proceso de concurrencia competitiva que, asegura el consistorio en una nota, pretendía "garantizar mayor seguridad, integración y orden en sus calles".
Las autorizaciones tenían un periodo de tres años y se redujeron a tres empresas (Lime, Dott y Tier Mobility), con 6.000 vehículos de movilidad personal en total, 2.000 por adjudicatario.
Tras las inspecciones periódicas, el consistorio afirma haber corroborado que las operadoras "quebrantan las condiciones establecidas" en las autorizaciones, lo que, según los pliegos, permite retirar "de forma unilateral" los permisos sin indemnización.
La dirigente opositora de izquierdas Rita Maestre (Más Madrid) aseguró que la retirada de estos patinetes de alquiler supone la "derrota" de la gestión de la movilidad por parte de Martínez-Almeida.
Madrid, como otras grandes urbes, trata de reducir la gran contaminación que generan los combustibles fósiles con servicios municipales de alquiler de patinetes y bicicletas, incentivación del uso del transporte público y la extensión de la zona de bajas emisiones a toda la ciudad, de manera que se prohíbe circular a los automóviles más antiguos, una medida que genera polémica y quejas de los propietarios.