En una rueda de prensa para contextualizar la solicitud lituana al fiscal de la CPI de investigar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Bielorrusia, Tijanóvskaya subrayó en La Haya que Lukashenko y sus fuerzas de seguridad cometen crímenes que incluyen “un trato inhumano y degradante, violaciones y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, encarcelamiento… todo bajo el régimen" bielorruso.
“La persecución hizo que miles de bielorrusos huyeran de su propia tierra, dejando todo atrás: nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros amigos. Más de 300.000 personas se convirtieron en víctimas del crimen de deportación. Sin embargo, el dictador no solo expulsa a las personas más allá de las fronteras de Bielorrusia, sino que continúa persiguiéndolas en el extranjero”, aseguró.
En el encuentro en la embajada lituana en La Haya, la líder opositora, exiliada en Lituania, explicó que los bielorrusos exiliados en otros países, incluidos aquellos de la Unión Europea, “enfrentan intimidación, amenazas de violencia, juicios penales contra familiares y amigos, juicios en rebeldía, confiscación de propiedades y privación de sus derechos fundamentales”, entre otros.
“Estos crímenes pueden verse como crímenes de lesa humanidad: son cometidos por altos funcionarios del régimen contra bielorrusos en el exilio. Y en parte, ocurren en los territorios de países que son partes del Estatuto de Roma de la CPI. Por eso, queremos que el mundo escuche esto: el régimen bielorruso está cometiendo crímenes de lesa humanidad en el territorio de la Unión Europea”, sentenció, instando al fiscal Karim Khan a abrir una investigación por ello.
Los países miembros de la CPI, como Lituania, pueden remitir al fiscal la situación en un país donde se estén cometiendo uno o varios de los crímenes jurisdicción de este tribunal, y en este caso Vilna argumentó la jurisdicción de esta Corte en que parte de esos crímenes se cometen en su territorio.
Bielorrusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, y, por tanto, Khan no tendría de otra manera jurisdicción sobre los presuntos crímenes denunciados por Lituania.
La CPI, un tribunal de último recurso, tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión cometidos dentro del territorio de un Estado parte o por nacionales de un país miembro.
Khan confirmó ayer la recepción de la remisión lituana “indicando que parte de los elementos de los presuntos crímenes se cometieron en el territorio de Lituania” desde al menos el 1 de mayo de 2020, pero especificó que “una remisión de un Estado Parte no conduce automáticamente a la apertura de una investigación” y que llevará a cabo “un examen preliminar” para “determinar, basándose en los requisitos legales, si existe base razonable” para investigar.
Durante los últimos años, miles de bielorrusos han sido expulsados o han huido a Lituania y otros países cercanos para escapar del régimen autoritario de Lukashenko y sus fuerzas de seguridad.
En 2020 una elección presidencial, considerada ampliamente injusta y amañada, dio a Lukashenko la reelección contra la líder de la oposición Tijanóvskaya.