La joven de 19 años, que no fue identificada, "fue detenida y acusada de exhibición pública del símbolo de una organización terrorista prohibida" después de que compareciera en una comisaría de Sídney, informó hoy en un comunicado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur.
La acusada, quien se encuentra en libertad provisional, comparecerá ante un tribunal de Sídney el próximo 23 de octubre, para responder por el delito de portar una bandera de la milicia chií Hizbulá, incluida en la lista de organizaciones terroristas del país oceánico.
La joven puede afrontar una pena de hasta doce meses de cárcel dado que en Australia es ilegal el despliegue público de cualquier símbolo de cualquier organización terrorista o que denigre a otro por motivos como su raza, color, orientación sexual, religión, opinión política, entre otros.
Esta detención es la primera desde las protestas pacíficas del pasado fin de semana en Sídney y Melbourne, y otras ciudades australianas, en donde se avistaron banderas de Hizbulá y fotos de uno de los fundadores de esta milicia, el clérigo libanés Hasán Nasrala, quien murió la semana pasada durante un ataque israelí.
Estos incidentes llevaron al primer ministro australiano, Anthony Albanese, a rechazar el lunes la importación a su país de "ideologías radicales y conflictos", mientras que la ministra de Exteriores, Penny Wong, remarcó entonces que "cualquier indicio de apoyo" a Hizbulá supone una amenaza "a la seguridad nacional" y alimenta "el miedo y la división" de la sociedad.
Por otro lado, la Policía estatal busca que el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur desautorice las protestas propalestinas previstas para el 6 y 7 de octubre en Sídney, organizadas por el Grupo de Acción Palestina para conmemorar el primer aniversario del inicio de la guerra entre Israel y Hamás.
Según la Policía, estas manifestaciones pueden poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Tanto Amnistía Internacional como el Consejo Judío de Australia y otros 40 organismos de defensa de los derechos humanos hicieron hoy un llamamiento para que la Policía reconsidere su decisión y respete el derecho democrático de los ciudadanos a manifestarse públicamente.